madrid. "Improvisación para entretener al personal", "medida vacía" o pura "demagogia" son algunos de los calificativos con los que el PP recibió ayer la recuperación del Impuesto del Patrimonio que gravará durante dos años a unos 160.000 españoles cuyas posesiones superan los 700.000 euros. Pero no es a los populares a los únicos a quienes no les gusta esta nueva tasa, tampoco a los empresarios ni a los grandes banqueros como Emilio Botín (presidente del Banco Santander), que ayer, cuestionado por los periodistas sobre este tema, dijo que le parece "muy mal" que el Gobierno implante de nuevo el impuesto retirado en 2008. "Lo he dicho una vez, y lo repito. Me parece que está muy mal que se vuelva a poner", enfatizó Botín.

Desde el estamento empresarial quien se pronunció ayer fue Cepyme que considera que la recuperación de la tasa es "injusta y afectará principalmente a las rentas medias, al tiempo que empeorará el acceso a la financiación de las pymes". La patronal de las pequeñas y medianas empresas también advertía de que existen "serias dudas" sobre su constitucionalidad. En un comunicado, Cepyme denunciaba que la reintroducción del impuesto en el mismo ejercicio 2011 "cuando ya han pasado tres cuartas partes del mismo, dota de una imprevisibilidad absoluta a los agentes económicos para evaluar el coste y la repercusión de esta medida". Esos problemas de previsión podrían reflejarse, según la patronal, en la toma de sus decisiones que afectan al ahorro y, por tanto, a la inversión productiva. "El Impuesto sobre el Patrimonio castiga el sacrificio de las familias, obligando a pagar impuestos por los bienes en los que se ha materializado un ahorro que ya tributó en el momento en que se generó".

contradicción En el plano político las mayores críticas en contra de la nueva tasa fueron del PP. Abrió el fuego su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aseguró que recuperar el impuesto "es una improvisación política para tener entretenido al personal" porque el problema de la deuda "no se arregla" con su recaudación. "Muy conformes con el tema o muy decididos en la defensa de sus bondades no deben estar cuando es para dos años", añadió la mandataria popular en referencia a la defensa hecha por los socialistas de esta medida.

Cumplido el protocolo de que fuera Sáenz de Santamaría quien iniciara el coro de críticas, la voz pasó a los gobiernos autonómicos del PP para los que el impuesto es "insolidario". Así lo mantienen desde Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia o Baleares, aunque ninguno de sus Ejecutivos rechazará la recaudación de esta tasa para "no mermar la capacidad de financiación" de su comunidad autónoma.

Quien mejor reflejó este doble discurso fue Rafael Bosch, portavoz del Govern Balear, quien aseguró que el Ejecutivo autonómico carece aún de una posición clara respecto a si se aplicará en Baleares la reactivación del Impuesto sobre el Patrimonio, aunque insistió en que no comparten esta medida porque, bajo su entender, "supone una doble imposición sobre algunos bienes". Seguidamente Bosch matizó que, pese a todo, "deberemos valorar si, para no perder una oportunidad de financiación, lo tendremos que aplicar también aquí".