vitoria. Hijas de la división administrativa de 1836, las diputaciones provinciales cuya existencia cuestionó el martes el candidato del PSOE a presidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, le han servido al Estado para cumplir diversas funciones. De hecho, sobrevivieron a la Guerra Civil como satélites del Gobierno de Franco en las provincias, y en la Transición sirvieron para crear una sensación de simetría en el Estado respetando a la vez la tradición foral vasca y navarra.
Ahora parecen estar en tela de juicio, tras haberse convertido en tema estrella de la precampaña, pero es una cuestión que Álava, Gipuzkoa y Bizkaia pueden seguir desde la barrera. Las diputaciones forales, (que no provinciales) vascas, están blindadas por la propia Constitución Española y su existencia es fundamental para mantener el actual marco de relaciones entre la CAV y el Estado. Por eso, en los palacios forales de Gasteiz, Donostia y Bilbao se respira tranquilidad con respecto al debate abierto por Rubalcaba, antes incluso de que el portavoz del Gobierno, José Blanco, eliminara a Euskadi y Navarra de la lista negra.
En cambio, la propuesta del candidato del PSOE ha puesto nerviosos a la treintena de diputados provinciales y personal adyacente susceptibles de ser víctimas del recorte administrativo propuesto. Prácticamente todos salieron el miércoles a vituperar a Rubalcaba, en el caso de los representantes de estas instituciones pertenecientes al Partido Popular, y a matizar sus palabras o plantear alternativas de racionalización del gasto, en el caso socialista.
Desde Euskadi, los propios nacionalistas han denunciado en alguna ocasión que estas instituciones no son sino un maquillaje vacío de contenido para camuflar de cara a la opinión pública española la relevancia vital de los órganos forales de Navarra, Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, porque estas diputaciones y el Gobierno navarro -que como su nombre indica, no es una comunidad autónoma al uso- sí cuentan, y mucho. Son la base sobre la que se sustentan la autonomía de Euskadi y de la Comunidad Foral, el Concierto Económico y la traslación y adaptación a los siglos XX y XXI del modelo administrativo que regía en el Antiguo Régimen en lo que fue el Reino de Navarra.
Pero sobre todo son quienes recaudan los impuestos de sus administrados, lo que las sitúa a años luz en cuanto a cuota de poder de sus hermanas postizas al sur del Ebro. Comparten competencias a la hora de coordinar a sus municipios -en el fondo las diputaciones no forales son confederaciones de ayuntamientos-, a la hora de promocionar turísticamente la provincia, o cuando se trata de renovar el alcantarillado en un pueblo pequeño y sin recursos.
Eso sí, la Diputación de Cuenca, la de Huesca o la de Málaga jamás podrán perdonarle el IVA a una empresa o atraer inversiones mediante rebajas fiscales -ahora las vascas tampoco-, o reformar los impuestos para hacer frente a la crisis, como pretenden hacer Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.
Fruto de la herencia foral, las diputaciones vascas, al igual que el Gobierno de Navarra, salen de unas elecciones específicas a unas Juntas Generales, en el caso vasco, que en teoría no pueden aprobar leyes pero que en la práctica sancionan normas forales que hacen las veces de las mismas. La diputaciones provinciales, por contra, se eligen tomando el resultado de las elecciones municipales, y sus miembros son, de hecho, concejales de diferentes municipios.
A pesar de la reacción del PP, a día de hoy todas las sensibilidades políticas coinciden en que las diputaciones provinciales son entes administrativos que sobran. El PSOE ya lo ha manifestado, y no sólo por boca de Rubalcaba, sino también mediante voces como la de Felipe González. Izquierda Unida de Aragón, al calor de las palabras del candidato del PSOE, apostó el miércoles por suprimir las de Huesca, Zaragoza y Teruel, y las posiciones de UPyD, por ejemplo, con respecto a la descentralización en el Estado, son sobradamente conocidas.
Si el PP, ahora, no coincide en el análisis de Rubalcaba, es porque tras las elecciones municipales los populares han arrebatado a los socialistas la mayor parte de los casi 6.500 millones de euros que gestionan estos entes, y que se gastan principalmente en sueldos, coches oficiales y burocracia.
psoe "marginal" Así lo reconocían representantes del PP vasco como Leopoldo Barreda. "Da la impresión de que el candidato socialista hace esta propuesta precisamente en el momento en que el PSOE gobierna en menos diputaciones en toda su historia. Esa es la clave de la cuestión, un nivel institucional en el que el PSOE es prácticamente marginal es el que hay que suprimir, y no otro", dijo Barreda. El parlamentario apostó por "deslindar competencias" para "evitar servicios duplicados", y señaló que las diputaciones provinciales son vitales para los núcleos de escasa población.
Efectivamente, el problema que habría que abordar de eliminar estos entes administrativos sería el de buscar quien gestione las competencias de los pequeños pueblos que carecen de medios económicos y administrativos suficientes. Los gobiernos autonómicos, como ya lo hacen en las comunidades uniprovinciales -Asturias, Cantabria, Madrid, Región de Murcia y La Rioja-, podrían solventar esas carencias.
En todo caso, no todo el mundo confía en que la apuesta de Rubalcaba vaya en serio. Ayer el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, calificó la iniciativa del candidato socialista de "ocurrencia" lanzada "sin más argumentos, sin una propuesta concreta sobre la fórmula que propone".
