CANCÚN (MÉXICO). Los más de 190 países que asisten a la Cumbre de Cancún adoptaron hoy, con la reserva de Bolivia, un acuerdo por el que aplazan el segundo período de vigencia del Protocolo de Kioto y aumentan la "ambición" de los recortes.
"Este es el resultado que están esperando nuestras sociedades. Tomo nota de su posición (a Bolivia), que queda reflejada en el acta de esta reunión", dijo la presidenta de la conferencia, la canciller mexicana Patricia Espinosa, que recibió la ovación de las delegaciones.
"Es un atentado contra las reglas de la Convención (marco sobre el cambio climático) y de la ONU", afirmó el jefe de la delegación boliviana y embajador ante Naciones Unidas, Pablo Solón, que intervino de nuevo ante el pleno para expresar su disconformidad.
Solón afirmó que Bolivia "va a recurrir a todas las instancias internacionales si este atropello continúa para hacer preservar la regla, que es el consenso", al tiempo que pidió a Espinosa "revertir su decisión y volver al cauce de la delegación".
La canciller mexicana le señaló a Solón que "la regla de consenso no significa unanimidad, ni muchos menos que una delegación pretenda imponer el derecho de veto para romper la voluntad que con tanto trabajo han venido alcanzando" los demás conjuntamente.
"Mi obligación que he cumplido a cabalidad ha sido escuchar a todos y cada una de las partes, incluidos los hermanos bolivianos, pero no puedo ignorar la visión, las solicitudes de 193 estados parte, así que la decisión de la conferencia ha sido tomada es un paso hacia delante por un bien colectivo".
La adopción de ese texto de compromiso, respaldado por 193 países excepto por Bolivia, dio paso a una serie de intervenciones entre Solón, en alguna ocasión abucheado por el resto de la sala, y Espinosa, aplaudida por los demás países.
Solón reiteró que su país "no quiere el veto, el veto no es un mecanismo democrático. El veto se da en el Consejo de Seguridad donde se decide el futuro de la humanidad con guerras".
"Bolivia es un país pequeño con principios, un país que no vende su soberanía y que habla por los pueblos del mundo", señaló.
El enviado de la Casa Blanca para el Cambio Climático, Todd Stern, dijo que Estados Unidos apoyaba "plenamente sus decisiones y toda la labor realizada", al tiempo que propuso a la presidencia de la cumbre "cambiar el consenso por el acuerdo general ya que nunca se aprobaron las reglas de procedimiento" de la reunión.
Espinosa dijo que daba "por tercera vez la palabra" a la delegación boliviana en esta sesión, pero le rogó que "no dilatara más esta reunión", y la respuesta llegó de otro diplomático boliviano, en lugar de Solón, que insistió en "abrir una diálogo democrático".
De esa manera se aprobaron los dos textos de compromiso presentados por Espinosa, uno basado sobre la continuación del Protocolo de Kyoto (1997) y el otro sobre cooperación a largo plazo (LCA, por su sigla en inglés), recogiendo el momento de la negociación.
Ese acuerdo firmado en la ciudad nipona de Kioto establece los objetivos obligatorios de reducción de emisiones a 37 países industrializados, entre ellos Japón, la Unión Europea (UE), Australia, Canadá o Rusia, entre otros, pero no a Estados Unidos, que nunca lo ratificó ni a China por ser una economía emergente.
El acuerdo logrado en Cancún abre la vía a la creación de un Fondo Verde Climático (GCF, por su sigla en inglés) dentro de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático que contará con un consejo con veinticuatro países miembro.
También reconoce la necesidad de "movilizar 100.000 millones de dólares por año a partir de 2020 para atender las necesidades de los países en desarrollo".
En relación con la transparencia, un asunto que interesaba particularmente a Estados Unidos, el texto de compromiso plantea que las acciones de mitigación con apoyo internacional sean sometidas a medición, reporte y verificación (MRV) de acuerdo con pautas establecidas por la Convención.
El documento aprobado permite la puesta en marcha de un sistema de Consultas y Análisis Internacional (ICA, por su sigla en inglés) "de manera no intrusiva, ni punitiva, y respetuosa de la soberanía nacional" que realizarán expertos.
También se aplaza a un momento futuro la decisión sobre si habrá o no una segunda fase del Protocolo de Kioto y pide a los países subir su "nivel de ambición" en recortes.
Los compromisos de la primera fase del protocolo implicaban la reducción del 11-16% respecto a los niveles de 1990 para el período 2008-2012, mientras que ahora se propone que se suban a un porcentaje entre el 25-40% en 2020.
