GASTEIZ. Los Departamentos de Empleo y de Hacienda del Gobierno vasco van a comenzar a revisar los expedientes de los 88.000 perceptores de ayudas sociales con el fin de atajar el fraude y retirar las prestaciones a las personas que las cobren de manera irregular.
Así lo ha anunciado hoy la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, en una comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno vasco.
Zabaleta ha recordado que la Ley de Garantía de Ingresos recoge que las instituciones deben revisar si las ayudas se cobran o no correctamente.
Hacienda y Empleo se van a encargar de analizar uno a uno los más 88.000 expedientes de ayuda, en los que se engloban las enmarcadas dentro de la renta de garantía de ingresos, del complemento por vivienda y de las ayudas de emergencia social (AES).
En concreto, los técnicos de ambos departamentos estudiarán si los perceptores de estas ayudas cumplen con los requisitos legales necesarios para recibirlas.
Así, deberán estar inscritos en los servicios de búsqueda de empleo, no poseer más bienes inmuebles que la vivienda habitual, y residir en una casa en la que no haya más de dos personas beneficiarias de la renta de garantía de ingresos.
Si la Administración detecta fraude lo comunicará a las instituciones competentes (los ayuntamientos y las diputaciones) para que éstas apliquen las sanciones correspondientes y determinen la suspensión cautelar de las ayudas si es preciso.
En total, son cerca de 350 millones de euros los que el Gobierno Vasco destina a estas partidas, que para el año próximo tienen consignado un montante inicial de 325 millones de euros.
