La hora de los presos

Una ecuación es una suma de problemas. La resolución del problema final depende la resolución de los problemas parciales, que suelen ir entre paréntesis. La ecuación del conflicto vasco suma muchos paréntesis con graves problemas dentro: la violencia, las víctimas, la normalización política, los presos... En todos esos ámbitos se ha trabajado y se trabaja. En algunos más y en otros menos. Que el derecho a la vida es lo primero y más importante parece algo interiorizado y asumido por el imaginario colectivo vasco. El dolor de las víctimas ya es un dolor colectivo -no el de todas- y su sufrimiento ha sido reconocido y compensado -tampoco el de todas-. La normalización política da pasos a cámara lenta. La dictadura impuso cuarenta años de retraso en la experimentación de todas las posibilidades de la democracia, aunque los sucesivos gobiernos de PSOE y PP tampoco han estado por la labor. Parece que ha llegado la hora de coger lápiz y papel para resolver el paréntesis de los presos. Los primeros esbozos apuntan a un acercamiento de reclusos a cárceles próximas a Euskadi si ETA o la autodenominada izquierda abertzale dan pasos contundentes.

El paréntesis de los presos es complejo y con derivadas enrevesadas; un problema que en intentos previos siempre se dejaba para el final de la ecuación, para cuando todo lo demás quedara resuelto. En este proceso, o lo que sea esto, parece que el paréntesis de los presos no será el último por resolver. Sí de los primeros. Ésa es, al menos, la voluntad sincera de importantes actores de la escena vasca, incluida la izquierda radical, que ha dado un giro en sus postulados tradicionales. Incluso Patxi López ha confesado en privado su disposición a cambios en la política penitenciaria.

Urkullu tiene hilo directo con Zapatero y Rubalcaba. También ha pulsado otras teclas. Ambos conocen que el PNV no apoya la dispersión de presos y que trabaja para acercarles a Euskadi de una manera muy proactiva. En su discurso de toma de posesión como presidente del EBB, Urkullu dejó una cita que ha repetido alguna vez: la necesidad de que ETA empiece por el final y el Gobierno español por el principio. Traducido: que ETA deje la violencia y entregue las armas para empezar a hablar y que el Ejecutivo respete los derechos humanos que asisten a los presos para iniciar lo que tenga que iniciar. Ese mensaje jeltzale ha llegado a Moncloa. El Gobierno español descarta la amnistía que demanda la Declaración de Gernika, pero no se cierra en banda a mover pieza en el tablero de barrotes. El PNV y otros sectores que trabajan en este paréntesis buscan que los gestos sean independientes a lo que digan o hagan ETA y ese sector social. Sobre todo porque el rechazo a la violencia y a la propia ETA cada vez es mayor y más patente en las cárceles. Interior cree que un tercio de los presos ha abandonado o ha sido expulsado del colectivo; un segundo tercio continuaría en él pero apoyaría el viaje sin retorno hacia la política; y un tercero, el de los duros, mantendría viva la ortodoxia al grito de jo ta ke irabazi arte. Quienes demandan una salida civilizada en otras prisiones alejadas de Euskadi aún se encuentran con miradas que lo dicen todo o con reproches de los duros. Reproches que, según fuentes consultadas, a menudo se convierten en "qué razón tienes, así no vamos a ningún lado" cuando la confesión pasa del ámbito grupal al personal. La dispersión impide el debate. Como ilustra un perfecto conocedor de la situación: "A patio grande, debate grande; a patio pequeño, debate pequeño".

En círculos políticos vascos otorgan mucha relevancia a las reflexiones de Juan Calparsoro, nuevo fiscal superior del País Vasco, proclive al acercamiento y a la concesión de medidas como el tercer grado. "Esas decisiones penitenciarias se están haciendo con todas las cautelas posibles. En algunos casos son personas que no solo se han alejado de ETA sino que, en la actualidad, se oponen a la banda. La Constitución nos obliga a facilitar y favorecer la reinserción y estos reclusos están en esa línea. Son presos que dejan de ser de ETA y se oponen a ella. Todas esas medidas van en la línea adecuada". Calparsoro defiende que esa política no debe molestar a las víctimas: "Debemos ser conscientes de que las penas tienen unos límites y que hay grados en el cumplimiento de las condenas. Eso sí, hay que cuidar, amparar y garantizar los derechos de las víctimas. Pero eso no es incompatible con lo otro, con que haya alguien que rompe con el terrorismo, que pide perdón... Eso nos debe alegrar y estoy convencido de que a las víctimas les alegrará. Siempre sin olvidarnos de las víctimas que los terroristas hayan podido dejar". Y también respalda una interpretación de las leyes acorde al contexto: "Si hay una alarma porque existe una amenaza o sensación de inseguridad igual hay que aplicar la ley de una forma más estricta. Si, por contra, no existe la actividad criminal, la interpretación puede ser más benigna", decía en una entrevista.

respaldo legal La legislación respalda estos movimientos. El artículo 90 del Código Penal, por ejemplo, específico para delitos de terrorismo, expone motivos para la reinserción social: haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista, una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia, o una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito. El artículo 100.2 del mismo Código permite adoptar un modelo más flexible para ejecutar la condena manteniendo su grado penitenciario. Gracias a ambos, Txelis y otros salen de la cárcel a diario.

Urkullu insiste ante Zapatero en soluciones para los presos.

"Asunto interno de la UE"

la ue admite que la reinserción de presos, para la que urkullu ha pedido fondos, también le atañe

BILBAO. El anhelado día después al final de la violencia, cuando llegue, planteará un escenario en el que todos, incluidos los presos, deberán convivir en igualdad de condiciones. Lo dice la Constitución. En teoría para eso sirve la cárcel: para reinsertar en la sociedad a quienes han pagado sus delitos con la privación de libertad. El miércoles de la semana pasada, Iñigo Urkullu se entrevistó con la comisaria europea de Asuntos de Interior, Cecilia Mallström. La reunión puede tener más importancia en el futuro que lo que tuvo el miércoles. El líder del PNV solicitó a la Comisión Europea que impulse un programa para empezar a trabajar en el día después.

El día después será complejo. Todos esos presos, aislados de la realidad social, económica, laboral y profesional durante tantos años, deberán, o deberían, acceder a un trabajo, a planes de formación, a coberturas sociales, a problemas con las cotizaciones a la seguridad social... La resocialización costará dinero, mucho dinero. La coyuntura económica y laboral no es mala. Es peor. Urkullu y el PNV, a quienes la izquierda abertzale tan pronto etiqueta de imprescindibles como les tachan de gobernadores civiles de Madrid, pretenden que Europa invierta en ese futuro.

Europa también está por la labor, según ha sabido este periódico. La europeización hace que la problemática de los presos, los refugiados, los deportados? sea entendida en la UE no sólo como un problema español sino de ámbito general.

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