SAN SEBASTIÁN. Crespo ha declarado en la primera jornada de la vista que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa por este presunto fraude en el que se vieron implicados un total de 44 compradores de distintas operaciones inmobiliarias.

En concreto, la Fiscalía les imputa un total de 27 actuaciones fraudulentas supuestamente cometidas en Urnieta (Guipúzcoa) y en las localidades navarras de Ablitas, Murchante, Lesaka, Valtierra, Lekunberri, Dicastillo y Tulebras.

El Ministerio Público reclama para los imputados 7 años y 9 meses de cárcel por un delito continuado de estafa y que compensen a los perjudiados con las cantidades defraudadas más los intereses.

Los hechos imputados al matrimonio sucedieron entre 2004 y 2007, cuando presuntamente ofertaron distintas promociones de inmuebles, la mayor parte de los cuales no llegaron a levantar, en parcelas que no eran suyas.

Los dos procesados, que llevan encarcelados tres años a la espera de juicio, permanecieron en paradero desconocido tras descubrirse la estafa hasta que, la madrugada del 23 de octubre de 2007, fueron detenidos en un control de instalado en L'Aldea (Tarragona).

En la sesión del juicio celebrada hoy, Crespo ha mantenido que de no haber sido encarcelado cree que podría haber cubierto las deudas ya que había promotores que le debían dinero y de hecho, cuando fue detenido, había acudido a Salou para entrevistarse con algunos de ellos, además de recoger en el aeropuerto de Reus a su mujer que volvía de Alemania.

Ha explicado asimismo que utilizó parte del dinero presuntamente estafado para hacer devoluciones a algunos clientes y a los propios afectados hasta que se quedó "sin un duro", mientras que otra parte fue "invertido" en las operaciones inmobiliarias.

A preguntas del fiscal, el imputado, que se ha negado a responder a los abogados de las seis acusaciones particulares, ha concretado que el detonante de la situación fue una promoción de casetas de campo que pensaba levantar sobre suelo rústico en Ablitas y que "fracasó" después de que el Gobierno de Navarra considerara que la actuación debía hacerse en suelo urbanizable.

Algunos de los compradores se "retractaron" entonces de la operación y, según el inculpado, recuperaron su dinero, pero otra parte continuó adelante con las reservas que habían realizado, a la espera de que finalmente la actuación pudiera llevarse a cabo mediante una modificación del Plan General Urbano de Ablitas.

El imputado ha precisado que hasta ese momento "todo el mundo había ido cobrando todo", mientras él intentaba "ganar tiempo", pero cuando la prensa hizo público el asunto, comenzaron a presentarse las denuncias del resto de promociones y todo se vino abajo.

Ha desvelado asimismo que varios de los perjudicados habían adquirido algunas de sus distintas viviendas en Navarra como una inversión, ya que entregaban 30.000 euros como reserva y a los seis meses se les devolvía 42.000, tras lo que firmaban una renuncia a la operación, y la plusvalía se cargaba al siguiente comprador.

El único caso registrado en Guipúzcoa fue un local comercial en Urnieta (Guipúzcoa) que no tenía permiso de habitabilidad y que se intentó revender en tres ocasiones.

El encausado ha confesado que él era el responsable de la inmobiliaria y que utilizó a su mujer para constituirla porque él tenía "deudas pendientes" con la Seguridad Social, también ha dicho que devolvió a los perjudicados "bastante más dinero" que el que figura en el caso pero fue "tonto" por no reflejarlo en documentos.

Ha recalcado que no tuvo intención de engañar a los compradores porque todos los proyectos estaban orientados a finalizar las casas.

A continuación, ha declarado la segunda acusada, María Victoria Ferrer, quien ha afirmado que su condición en la empresa no era la de administradora sino de mera "firmadora", porque era su marido el que se encargaba de las ventas y ella no entiende "mucho" de estos asuntos. El juicio continuará el miércoles con la declaración de varios perjudicados.