BILBAO. En el encuentro que mantuvieron, a partir de la una de la tarde este viernes, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, con los máximos representantes de la judicatura vasca, se ha analizado el plan de seguridad implantado en la Administración de Justicia del País Vasco desde el asesinato del magistrado José María Lidón en 2001.
Las mismas fuentes han manifestado que los responsables de Interior les han comunicado su intención de modificar el plan establecido con el fin de adecuarlo a la actual situación de riesgo del colectivo.
En este sentido, han mostrado su intención de implantar sistemas alternativos de protección y han señalado que, en algún caso, no serán necesarios los servicios de escolta. El propósito es revaluar el riesgo de la amenaza de ETA sobre los jueces y fiscales vascos, ante la percepción de que ha podido disminuir, teniendo en cuenta que en el último año la banda armada no ha cometido asesinatos.
"GARANTIZADA LA PROTECCIÓN"
Ante algunas intervenciones críticas de miembros de la Judicatura por esta reorganización que ellos consideran que va a suponer una "reducción de la escolta", los responsables de Seguridad han asegurado que se les va a garantizar la protección y que se analizará individualmente cada caso para evaluar el peligro.
En todo caso, la escolta actual se seguirá manteniendo en los cargos institucionales del Poder Judicial vasco. Los mismos medios han precisado que el Departamento se ha comprometido a presentar su nuevo plan en uno o dos meses, tras mantener contactos individuales con jueces y fiscales.
