MADRID. Aunque en un principio se había apuntado desde USCA que se quería llevar a cabo lo antes posible -hay una semana de plazo para su aprobación o rechazo- y se marcó el martes como fecha en el calendario, al final se ha retrasado 48 horas.

Según USCA, se ha tomado esta decisión para dar tiempo a que todos sus afiliados, más del 92% de los cerca de 2.400 controladores que trabajan en España, puedan "analizar" el contenido del documento.

La denominada asamblea nacional de los controladores consiste en reuniones en los 49 centros de trabajo existentes en los aeropuertos y servicios centrales.

Esta votación para refrendar el acuerdo firmado con AENA comenzará el jueves a primera hora de la mañana y los datos se irán remitiendo a la central que tiene USCA en Barcelona, donde se llevará a cabo el recuento.

Desde el sindicato se cree que el documento será aprobado por la asamblea y que de esta forma quedará libre el camino para comenzar las negociaciones del nuevo convenio colectivo que se iniciarán a mediados de septiembre.

Tal y como anunciaron el viernes, en la firma del acuerdo básico, el presidente de AENA, Juan Lema, y el de USCA, Camilo Cela, lo deseable es el que II Convenio Colectivo del sector estuviese negociado y firmado antes de que finalice el presente año.

El documento de "base" acordado y firmado por los dos máximos representantes de AENA y USCA, tras una negociación que duró más de cinco meses, en una mesa integrada por seis miembros del ente público y diez de los controladores, permite a Fomento reducir las tasas de ruta un 15% y a los trabajadores mejorar la carga de trabajo aunque sea a costa de una reducción salarial.

El acuerdo, que se ha basado en la tabla reivindicativa de doce puntos presentada por USCA, se enmarca en la ley de 14 de abril sobre la prestación de los servicios de navegación aérea, así como en el real decreto sobre los tiempos de actividad y descanso aprobado hace unas semanas.

Respecto a la jornada laboral, uno de los principales escollos planteados en la negociación por los controladores, se ha acordado que será de un máximo de 1.670 horas anuales, tal como establece la ley, a la que se añadirán 80 horas extras.

El segundo punto conflictivo era el de las retribuciones, que se han fijado en un salario medio anual de 200.000 euros, lo que supone, aproximadamente, una rebaja de un 40% con respecto a la media anterior anual que estaba en torno a los 350.000 euros.