Barcelona. Una juez del Juzgado Penal número 23 de Barcelona condenó a dos años de cárcel a una mujer acusada de haber pegado e insultado a la profesora de su hija, del instituto Roger de Flor de la capital catalana, después de que la agresora reconociera los hechos y aceptara la rebaja de pena propuesta por las acusaciones.
De acuerdo con esa sentencia de conformidad, que evitó la celebración del juicio, la procesada, Milagros F.G., de 46 años, deberá pagar la indemnización de 8.840 euros que reclamaba la Fiscalía para la profesora.
En sus conclusiones provisionales, tanto el ministerio público como la acusación particular, ejercida por la Generalitat, pedían inicialmente tres años de cárcel para la agresora, que al aceptar la condena de dos años podría eludir su ingreso en prisión, dado que carece de antecedentes penales.
La madre ha sido condenada por un delito de atentado en concurso y por otro de lesiones. Esta interpretación legal se produce después de que hace cuatro años el entonces Fiscal Jefe de Cataluña, José María Mena, diera una instrucción a sus fiscales para que las agresiones cometidas contra profesores o personal sanitario de centros públicos tuviera la misma consideración que los atentados contra agentes de seguridad. Cabe destacar que la sentencia la obliga a pagar una multa de 120 euros, y se le prohibe acercarse a menos de 1.000 metros.
Tras una breve vista en la que la procesada ha aceptado el acuerdo alcanzado entre las acusaciones y su defensa, la titular del juzgado de lo penal número 23 de Barcelona ha reprendido a la acusada, una vez el público abandonó la sala, para recordarle que tiene terminantemente prohibido acercarse a la víctima. La profesora, que siguió desde los bancos destinados al público la escueta vista oral, abandonó el juzgado entre lágrimas y arropada por algunos de sus compañeros.
Según los hechos reconocidos por la procesada, la agresión tuvo lugar el 6 de noviembre de 2008 a la salida de clase, cuando Milagros F.G. se personó en las inmediaciones del Instituto Roger de Flor de Barcelona y se abalanzó contra la profesora de Ciencias Sociales de su hija, alumna de primero de ESO de ese centro.
La protección penal de profesores y médicos de centros públicos se reforzó a raíz de la instrucción que en noviembre de 2006 dictó el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, para que sus fiscales tipificaran como delito de atentado, castigado con hasta cuatro años de cárcel, las agresiones a profesionales de la educación y la sanidad.
