madrid. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se preguntó ayer si los miembros del PP que están pidiendo explicaciones por el sistema de escuchas Sitel (Sistema Integral de Interceptación Legal de las Comunicaciones) van realmente contra este dispositivo o si a quien atacan es al presidente de su partido, Mariano Rajoy, que era ministro de Interior cuando el Gobierno lo compró. "El señor Rajoy se gastó como ministro de Interior nada más y nada menos que 13 millones de euros, más de 2.000 millones de las antiguas pesetas, en un sistema que ahora los suyos se han empeñado en deslegitimar. La cuestión, por tanto, es ¿van contra el sistema o van contra el señor Rajoy?", manifestó tras el Consejo de Ministros.
De la Vega dejó claro que no considera necesaria una ley orgánica para regular este sistema al replicar que Sitel "sólo se activa con un mandato judicial", ya que siempre es un juez quien decide cuándo hay que intervenir una comunicación. El uso de Sitel, recalcó, tiene un "control judicial desde el primer día" y así lo avalan nueve sentencias del Tribunal Supremo.
La portavoz del Ejecutivo quiso insistir en que el sistema está teniendo una "importancia decisiva" en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y otra delincuencia organizada y apuntó que le resulta "difícil" entender la actitud del PP. "No hay secretos ni hay silencios, lo que hay es un sistema que es legal , que funciona y que ofrece la mayor fiabilidad y las mayores garantías para luchar contra la criminalidad organizada", remachó.
Por su parte, el grupo parlamentario del PP planteará una proposición de ley para regular la utilización de Sitel si el próximo martes no logra los apoyos suficientes en el Congreso para sacar adelante una proposición no de ley sobre esta materia.
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, no precisó si ya tiene el respaldo suficiente para aprobar la iniciativa de la semana próxima y aseguró que si no lo consigue se trabajará en una proposición de Ley para regular especialmente "la conservación y, en su caso la destrucción, de los datos que se obtienen y cómo se efectúa".
regulación Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Dorado también pidió ayer la aprobación de una ley orgánica que regule la interceptación de las comunicaciones, lo que evitaría, a su juicio, polémicas como la de Sitel. Se trataría de una ley que, según explicó Dorado, regularía el sistema de interceptación, en qué supuestos se aplicaría y con qué garantías.
Dorado, quien aseguró que esta propuesta es compartida por otros vocales del CGPJ como Fernando de Rosa, subrayó la necesidad de redactar cuanto antes el proyecto de ley y que esta normativa sea aprobada con el mayor consenso posible.
