El Índice de Precios al Consumo (IPC) anticipado publicado ayer en el Estado recoge un comportamiento de la inflación que apunta a cierta estabilización en el entorno del 3%, lo que introduce en el debate de las prioridades económicas inmediatas la de reactivar el crecimiento. Concretamente, el repunte del IPC en marzo sitúa el dato en el 3,2% pero, a su vez, el significativo descenso de la inflación subyacente la reduce al 3,3%. Este equilibrio entre ambos índices sugiere que las medidas antiinflacionistas, que se han orientado a contener la demanda con tipos de interés altos que desincentivan el gasto por la vía del endeudamiento –y que tienen su mayor exponente en el precio del dinero, fijado en el 4,5% por el Banco Central Europeo (BCE)– están tocando techo en cuanto a su incidencia real sobre el encarecimiento de los productos de consumo. De hecho, es la energía –con la subida del IVA en la electricidad y el alza estacional de los carburantes– el factor que explica el repunte de precios en marzo, mientras los alimentos, especialmente los no elaborados, han tirado de la inflación subyacente hacia abajo. Esta puede ser la antesala de un giro en las prioridades de las instituciones económicas europeas, aunque no se augure una inminente ni decidida rebaja del precio del dinero por el BCE. Pero hay factores que tendrán que tenerse en cuenta. Para empezar, hoy el euríbor está por encima del dato de inflación y alcanza el 3,7%, lo que le convierte a su vez en un factor que desincentiva el gasto pero, sobre todo, la inversión privada. Sin ella, las previsiones de crecimiento se resienten en toda Europa y la principal locomotora económica del continente –Alemania– empieza a interpretar la necesidad de estímulos al crecimiento, que podría casi congelarse en 2024, aunque su previsión de IPC ronda poco más del 2% para este año y estaría claramente por debajo de esa cifra en 2025. Todo este panorama de datos macroeconómicos apunta a una relativa contención de los precios que empezaría a no justificar el rigor monetario y a animar a la circulación del crédito inversor con una rebaja del precio del dinero que refuerce la actividad, el crecimiento y, con ellos, el empleo. Al reducirse el riesgo de estanflación –precios y desempleo al alza sin crecimiento del PIB– tocaría reorientar prioridades y lubricar el sistema productivo.
