La fortísima alza de la energía tras la pandemia y la guerra de Ucrania, así como de las materias primas también por las constantes subidas y el desabastecimiento han golpeado duramente al sector de la alimentación.
La asociación empresarial Asedas, Asociación española de distribuuidores, autoservicios y supermercados, entidad que agrupa a supermercados como Mercadona, Condis, Uvesco, Lidl, Dia, AhorraMas, Coviran, Ifa y Consum, entre otros, ha elaborado un documento que está presentando estos días al Gobierno con medidas urgentes para paliar los efectos de las subidas de precios y evitar posibles problemas futuros de escasez, según señala elpais.es. Entre las propuestas, reducir el IVA de los alimentos y dar ventajas a las empresas del sector para negociar los contratos con las compañías eléctricas.
De momento sólo los más básicos, como pan, leche, huevos, fruta y verdura, tienen el tipo superreducido del 4%. También los medicamentos, libros y prensa, vehículos para personas con movilidad reducida o servicios de asistencia, entre otros.
El resto está gravado con el 10%, categoría que afecta a la mayoría de alimentos considerados no básicos destinados al consumo humano o animal, los productos sanitarios, la hostelería, ciertos eventos culturales, la compra de viviendas, los bienes agrícolas, etc.
Productos como el aceite o los cereales han visto disparar sus precios en el supermercado y los márgenes se estrechan, por eso el sector reclama esta medida, además quiere que se le considere como gran consumidor eléctrico para poder renegociar sus contratos de luz en condiciones más flexibles.
En el sector se habla de "una situación sin precedentes en años, con subidas de precios récord en bienes básicos". Por una parte, las empresas temen que la escalada de precios repercuta sobre el consumo de las familias (se hundió un 3,7% trimestral entre enero y marzo, según datos del INE) e indirectamente sobre sus resultados empresariales.
La subida de precios que los supermercados han repercutido al consumidor durante el primer trimestre del año ronda el 10% de media en casi todas las cadenas (incluso algunas superan esa cifra), lo que ha motivado que el consumo se retraiga y las compañías de distribución no alcancen sus presupuestos de facturación.
Una rebaja del IVA supondría una caída de los precios significativa en muchos productos de uso cotidiano y aliviaría el desembolso de gran parte de las familias a la hora de hacer la cesta de la compra.
La postura del Gobierno
Ahora bien, el Gobierno se muestra reacio a la bajada de impuestos ante las subidas de precios porque afectarían a la recaudación del Estado en una época de crisis en la que necesita más fondos para gasto social y ante las condiciones que impone Bruselas a la inversión de los fondos de ayuda europeos.
Un ejemplo es el caso de las gasolinas, a cuya bajada de impuestos se opuso frontalmente y sólo accedió a subvencionar su compra hasta junio.
Ante esta tesitura las grandes cadenas de supermercados han estado jugando con los márgenes para repercutir lo menos posible las subidas para evitar perder clientes, pero con la inflación disparada esta estrategia está cada vez más limitada.
La consideración del sector alimentario como esencial, al igual que sucedió en la pandemia, es otra de las peticiones. A efectos prácticos se trataría de dar un marco legal que permita a las empresas adoptar, durante situaciones de riesgo de desabastecimiento, las medidas comerciales necesarias para garantizar la oferta y evitar el alza desmesurada de precios.
