la caída de RTVV ha abierto el debate sobre la viabilidad de las televisiones autonómicas, en una época de recortes en los servicios públicos y privatizaciones que también amenazan a los medios de comunicación que dependen del erario público. El miércoles, el gobierno de la Comunidad Valenciana anunciaba el cierre de su radiotelevisión horas después de que la Justicia tumbara un ERE por el que se despidió a 1.198 trabajadores de la corporación, fuertemente endeudada. La Generalitat alegaba que con el coste de readmitir a los trabajadores (que cifró en 228 millones) podía construir "57 hospitales y 60 centros de salud" y dejaba así a los valencianos sin este medio de comunicación

De las trece comunidades autónomas que cuentan con radiotelevisiones autonómicas, las del PP han aplaudido la decisión y, en más de una ocasión, se han mostrado a favor de dejar paso a las productoras privadas. Telemadrid, cuyo crecimiento desmesurado y endeudamiento han ido prácticamente paralelos al los del ente valenciano, podría ser la siguiente, a la espera de que el Supremo decida sobre el ERE por el que expulsaron a 829 trabajadores.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya advirtió sobre esta posibilidad al decir que si los sindicatos hacen "inviable" Telemadrid, "desgraciadamente no se podrá mantener".

Si bien el endeudamiento del ente valenciano es disparatado, las televisiones autonómicas han venido compartiendo achaques de financiación comunes, en particular desde el inicio de la crisis. Como en el resto de medios de comunicación, la crisis ha engullido gran parte de la financiación por publicidad: en 2011, los anunciantes invertían algo más de 56 millones de euros en las autonómicas; este año, los ingresos por publicidad no llegaban a 28 millones.

Las emisoras públicas se financian por un modelo mixto público-privado, de modo que los ciudadanos sean el principal cliente de las cadenas, y no los anunciantes, dos grupos cuyos intereses no siempre coinciden. Así, si bien la caída en publicidad supuso una importante mordida en los presupuestos de las cadenas autonómicas, el recorte de sus partidas presupuestarias desde los gobiernos también fue dañino. Los recortes más drásticos surgen en las cadenas cuyos presupuestos fueron más desenfrenados en la época de vacas gordas.

síntomas Pero en el estudio de los motivos que han puesto a las autonómicas a una encrucijada sobre su supervivencia, es importante valorar el exagerado ejemplo de la valenciana -recién clausurada por decreto ley- con una desorbitada sintomatología de despilfarro y politización. La Comunidad Valenciana llega al pico de la aportación a RTVV en 2009, cuando gasta 200 millones de euros. Ese año, ante la indignación de los grupos de oposición, el entonces director, José López Jaraba (nombrado por Francisco Camps) anuncia que instalarán la figura de un controller (un auditor) que se encargue de que haya una reducción del gasto. Para 2013, la aportación del Gobierno se redujo a los 68 millones.

derroche Los casos de derroche en RTVV son sonados. La Conselleria de Economía y Hacienda estimó que la visita del Papa a Valencia en 2006 costó cerca de 12 millones de euros, en una adjudicación investigada ahora por su vinculación con la trama de corrupción Gürtel. Esta cifra supone cinco veces más de lo que gastaron las cadenas catalana y gallega juntas para sus respectivas visitas papales.

Además, la oposición ha denunciado que la incursión de RTVV en la burbuja del fútbol: los valencianos pagaron precios por encima del mercado entre derechos de retransmisión de partidos y contratos de publicidad y patrocinio de los clubes Valencia CF, al Villarreal CF y Levante UD.

El desfase entre gastos e ingresos por estos movimientos alcanzó los 230 millones entre 2003 y 2010. En el caso de la Fórmula 1, la compra se tragó 22 millones entre 2010 y 2013.

También se multiplica el gasto en personal: cinco años después de la llegada del PP a Valencia, el presupuesto se dobla y alcanza los 50 millones de euros. En la actualidad, los 1.695 trabajadores del RTVV suponían un gasto de unos 72 millones de euros.

Tras años de despilfarro, el primer movimiento de ficha por parte del Gobierno valenciano es acudir a un ERE que despediría a 1.198 trabajadores, aliviando el gasto en personal.

Sin embargo, después de que el Tribunal Superior de Justicia Valenciano anule el ERE por "irregularidades", el Gobierno alega que readmitir a los trabajadores es demasiado caro y deja, al menos temporalmente, a los valencianos sin un medio de comunicación que lleve en el seno de su creación el servicio público. El presidente valenciano, Carlos Fabra, recoge así el testigo de Zaplana, que ya en su llegada al poder en 1995 advirtió de que privatizaría la televisión "en cuanto se apruebe la ley correspondiente".

El diario ABC informaba esta semana de los planes de Fabra de la cesión de la producción a otra empresa, siguiendo el modelo de concesión administrativa aplicado en Castilla y León. Las protestas de los valencianos en las calles y en las redes sociales contra el cierre de RTVV atestiguan sin embargo que los denominados terceros canales no resultan irrelevantes a los ciudadanos. De hecho, la cuota de pantalla de las cadenas autonómicas, federadas en FORTA, se mantiene en torno al 8%, solo por detrás de Mediaset y Atresmedia, y los informativos de las autonómicas son los más vistos en la franja horaria de la sobremesa.

La audiencia aplaude unos noticiarios donde se usan las lenguas autóctonas y las noticias están próximas a su día a día. Las cuotas de pantalla en octubre de 2013 rondan, si no superan, el 20%: por ejemplo, el 23,8% de catalanes que sintonizan los informativos de TV3, el 21,7% de vascos elige el Teleberri, o el 23,6% de andaluces se informan en Canal Sur. En estos buenos resultados, hay dos excepciones: los informativos valencianos y madrileños no suben de un 14% de cuota de pantalla. Precisamente, han sido los trabajadores de estas cadenas los más críticos con la politización de sus espacios informativos.

manipulación A través de una página web, los ya exempleados de Telemadrid denuncian casos de flagrante manipulación mediática que la aún cadena pública comete, como ocultar los abucheos a la alcaldesa Ana Botella en el aniversario del Madrid Arena o la cobertura de las protestas por la educación pública, reducida a 30 segundos y en la que se exaltó que "se pudieron ver numerosas banderas republicanas.

Esta semana, con los platós ocupados por los empleados de RTVV, se abre una crítica abierta a las injerencias políticas que terminaron por pervertir la noción de servicio público con que nació el ente. Con la revelatoria frase de "por fin podemos hablar", los trabajadores mostraban en un gráfico cómo el endeudamiento de RTVV "se ha multiplicado por 40" desde la llegada del PP al poder en la comunidad.

Recordaban también que, de depender del Canal 9 -la emisora principal del ente-, los valencianos solo habrían visto el perfil bueno de Zaplana -literalmente-, y el silenciamiento sobre los casos de corrupción política en la comunidad. También se disculpaban por la omisión de las protestas por el accidente de metro de 2006 cuando, según reconoció una reportera, la cadena "mantiene una actitud indigna para una television publica, que deberia haber estado al lado de los ciudadanos", para después añadir que "las ordenes para callar vinieron del despacho del Palau".

La audiencia de Canal 9 se triplicó mientras los trabajadores tomaban los platós, probando la urgencia de que las televisiones autonómicas, cuya llave para la supervivencia está en muchos casos en manos de los que permitieron su declive, se esfuercen en buscar un nuevo movelo que controle las tentativas de injerencia política y les permita mantenerse en antena para sintonizar con los ciudadanos.