Donostia. La adjudicación provisional de licencias de FM por parte de Lakua sigue dando que hablar. La decisión tomada quince días antes de las elecciones autonómicas -con un informe jurídico del Departamento de Justicia que desacreditaba las bases y al que Cultura no hizo caso-, y el dejar la última palabra a un Gobierno en funciones ha convulsionado al sector radiofónico. Este periódico ha hablado con distintos profesionales que son voces cualificadas a la hora enjuiciar el desenlace de este concurso de licitación de frecuencias.
"Estéticamente es un escándalo. Esta decisión es un acto político y no administrativo. Resulta extemporáneo y difícil de justificar. Me parece una mala praxis política al margen de la legalidad jurídica que puede tener", asegura Juanjo Álvarez, especialista en Derecho. "Me parece un desatino fuera de tiempo y lugar", añade. "Tendría que haber poderosísimas razones para que se haya tomado esta decisión en estos momentos. ¡Qué necesidad hay de consumir energía en justificar un acto de este tipo que tiene una gran importancia empresarial y social!".
Inoportuno Las personas consultadas señalan que tal y como se ha hecho toda la tramitación "es lógico que levante sospechas y cree malestar". Todos coinciden en la inoportunidad de la decisión y "en lo incongruente que resulta intentar resolver un concurso a través de un Gobierno que está ya en funciones". Juanjo Álvarez apunta que posiblemente pudiera ser aceptable desde el punto de vista administrativo, "pero no desde el punto de vista político por el momento actual", lo que hace sospechar de su intencionalidad.
Por su parte, Julián Beloki, redactor-locutor de Euskadi Irratia y gran conocedor del sector radiofónico, también muestra su posición contraria a esta decisión del departamento que dirige Blanca Urgell: "La adjudicación de licencias se trata de la gestión de un bien público y un recurso limitado, suficientemente sensible y complejo para que se cierre la concesión de frecuencias de FM sin más garantías que las de un gobierno saliente y, a mi entender, políticamente colapsado. Creo que a estas alturas tiene mejor encaje en la carpeta de asuntos pendientes", señaló Beloki.
Como profesional de la radio, comparte la opinión de otras personas consultadas por este diario y no entiende la contundencia con la que Lakua ha pisado el acelerador en este tema. Otras opiniones señalan que "es inconcebible que Cultura no tuviera en cuenta los plazos en los que se está moviendo el Gobierno Vasco en estos momentos. Están en la cuenta atrás y están tomando decisiones que ya no les corresponden".
'anormalidad' José Antonio Uriarte Itxaso, de Onda Vasca-Urdaibai y Aoizmendi Telebista, un profesional con dilatada experiencia en el mundo de la comunicación audiovisual, comenta que en su opinión "lo que ha ocurrido es una anormalidad" y apunta la posibilidad de "presiones para que se haya actuado en los últimos momentos de un gobierno de esta forma". Uriarte Itxaso apunta que resulta difícil de entender que varias emisoras se hayan quedado fuera de esta concesión después de una larga trayectoria radiofónica en Euskal Herria, mientras que "otras que nunca han tenido mucha relación con este país se han visto beneficiadas". También pone de manifiesto que en la proposición de la mesa de valoración hay contradicciones: "Primero dicen que amplían el plazo durante seis meses, lo que dejaría todo el tema en manos del próximo Gobierno, el que salga de las elecciones del domingo. Después lo adjudican deprisa y corriendo el 4 de octubre, la víspera del inicio de la campaña; es todo muy raro, algo que ya han dicho directores de las empresas afectadas. No han hecho caso de los informes jurídicos que ha emitido el propio Gobierno vasco, es que no hay más que decir. Estoy también de acuerdo con lo que ha dicho Gotzon Muneta de que intentan acallar la voz de Onda Vasca", asegura Uriarte Itxaso.
Por su parte, Juan Carlos Ramírez Escudero, exdirector de las emisoras de la Cadena Ser de Donostia y Gasteiz, entre otras, ha comentado que el momento es "totalmente inoportuno para hacer esta propuesta de concesión" y considera que "es inaceptable que la decisión definitiva pueda tomarla un gobierno en funciones". Las empresas afectadas estudian en estos momentos impugnar la adjudicación de licencias de FM si estas son definitivas por decisión de un Gobierno Vasco provisional.