El Gobierno francés defiende una "revolución penal" tras los disturbios de la final de la Champions en París
Los tribunales han tenido en cuenta la juventud y el arrepentimiento de los acusados para imponer condenas de entre dos y ocho meses por lanzar fuegos artificiales a los agentes de las fuerzas de seguridad
El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, ha admitido sentirse insatisfecho por la respuesta a los disturbios que se produjeron este fin de semana en París tras la victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones y ha señalado que es necesaria una "revolución penal" y "tecnológica" para atajar estos actos.
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"No estoy satisfecho con la respuesta de seguridad", ha reconocido este miércoles en una entrevista para la emisora 'RTL', un día después de que su compañero de gabinete y ministro de Justicia, Gérald Darmanin, defendiera la necesidad de un "cambio radical" de la ley, después de conocerse algunas de las condenas.
Reforma "radical"
Retailleau se ha mostrado partidario de utilizar, "de manera muy regulada", técnicas de reconocimiento facial para "detectar mejor los rostros" de quienes participan de estos disturbios. "Una revolución penal" que pasa también, ha dicho, por acabar también con las pena de prisión cortas, precisamente las que se han impuesto esta semana a cuatro de los detenidos por los disturbios del sábado, que les fueron finalmente conmutada por libertad vigilada, multas o trabajos para la comunidad.
"Con nuestra legislación actual, ya tenemos suficientes motivos para condenar. No pueden pedirme que envíe a padres y madres a primera línea sin que haya suficientes sanciones", ha dicho en referencia a las fuerzas de seguridad.
En la víspera, el ministro Darmanin aseguró que las sentencias aplicadas sobre algunos de los infractores no estuvieron a la altura. "Ya no son proporcionales a la violencia que vive nuestro país", dijo.
Los tribunales tuvieron en cuenta la juventud de los acusados, que se trataba de su primer delito, así como las disculpas que ofrecieron durante el juicio para imponer condenas de entre dos y ocho meses por lanzar fuegos artificiales a los agentes de las fuerzas de seguridad.
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