La visita de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, prevista del 14 al 16 de septiembre en Túnez, fue anulada por las autoridades locales debido a la falta de coordinación previa "según exigen las normas (diplomáticas)", declaró una fuente cercana al Ministerio de Exteriores a la agencia estatal TAP.
Horas antes de su llegada, la comisión anunció la suspensión de su visita, cuyo objetivo era analizar la situación política y económica así como el acuerdo migratorio firmado el pasado mes de julio con la Unión Europea, que incluye un paquete macrofinanciero de 1.000 millones de euros, de los cuales 105 millones estarían destinados a la gestión de fronteras, búsqueda, salvamento y lucha contra la trata de personas.
Según la radio local Mosaïque FM, que evocó otra fuente anónima de Exteriores, el motivo sería la filtración "deliberada" de uno de los documentos internos entre ambas partes, lo que refleja su "falta de credibilidad e integridad", y subrayó que Túnez nunca ha enviado delegaciones parlamentarias para informarse sobre la situación en otros países.
"Estos modales son inaceptables y no respetan las normas diplomáticas. Es una provocación injustificada. Túnez no es un país para ajustar cuentas entre diferentes partes extranjeras", indicó la fuente.
La cancillería magrebí habría tomado esta decisión ante la "insistencia" de mantener a los mismos eurodiputados en la delegación pese a las reservas sobre algunos de ellos, "conocidos por sus declaraciones imparciales y subjetivas", y con el fin de "preservar la nueva dinámica que caracteriza las relaciones entre ambas partes".
El grupo de Bruselas estaba encabezado por el eurodiputado Michael Gahler del Partido Popular Europeo (PPE) y formado por el alemán Dietmar Köster (Socialistas y Demócratas) y los franceses Salima Yenbou (Renew), Mounir Satouri (Verdes) y Emmanuel Maurel (La Izquierda). En su agenda estaban previstos encuentros con organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, líderes de la oposición y representantes de fundaciones políticas.
La delegación europea mostró su preocupación por los derechos de los migrantes después de que las autoridades locales expulsaran en julio a la fuerza a un millar de personas- entre ellas refugiados y residentes legales- a las fronteras con Argelia y Libia, donde se estima que fallecieron al menos 35 personas tras permanecer bloqueadas durante varias semanas sin acceso a comida, agua o asistencia.
El presidente Kais Said, que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 "para preservar la paz social", pidió en febrero a las fuerzas de seguridad tomar medidas urgentes contra las "hordas" de subsaharianos que forman parte de una "conspiración" para cambiar la identidad "arabe-musulmana" de Túnez.
Esta es la primera vez que se prohíbe la entrada a una delegación europea desde el inicio de la transición democrática en 2011, coincidiendo con el debate de la Eurocámara en la que los partidos de izquierdas criticaron duramente el memorando migratorio, calificado de "ejemplo de hipocresía", e instaron a suspenderlo al considerar que no se puede colaborar con un "régimen autoritario".
