La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen y los primeros ministros de Italia y Países Bajos, Giorgia Meloni y Marc Rutte, regresan este domingo a Túnez para intentar desbloquear el acuerdo migratorio después de la visita del pasado 11 de junio en la que ofrecieron al país norteafricano un paquete macrofinanciero de más de un millón de euros.
Von der Leyen había expresado la intención de que el pacto integral quedara ratificado de cara al último Consejo Europeo del 29 y 30 de junio, sin embargo las negociaciones, de las que no han trascendido detalles, se torcieron después de que el presidente tunecino, Kais Said, se opusiera a ser el "guardián de fronteras" de la UE.
El autodenominado "Equipo Europa" mantendrá este domingo una nueva reunión con Said en torno a las 16.00 GMT tras lo que ofrecerá una rueda de prensa conjunta para la que no han convocado periodistas.
En la visita del 11 de junio, los responsables europeos plantearon cinco pilares de financiación en el sector de la digitalización, la energía, la migración, el intercambio humano y el desarrollo.
Este último, destinado a aliviar la grave crisis financiera que atraviesa el país, contempla 900 millones de euros además de 150 millones en apoyo presupuestario, pero condicionado a la concesión del préstamo de 1.900 millones dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Retroceso democrático
Eurodiputados exigieron esta semana volver a poner "la Democracia y los Derechos Humanos en el centro de cualquier acuerdo con Túnez" debido al retroceso democrático que vive el país desde que Said gobernara con plenos poderes desde julio de 2021 y aprobara una nueva Constitución de corte hiperpresidencialista.
Las detenciones desde marzo de más de una treintena de opositores de todo el espectro político ha hecho saltar también las alarmas. Dos de ellos, Chaima Issa y Lazhar Akremi, fueron liberados este jueves lo que fue interpretado como un guiño a las demandas europeas, aunque decenas de críticos permanecen en prisión provisional por supuestamente conspirar contra el Estado.
La situación de los derechos humanos en Túnez también ha sido una de las preocupaciones de los donantes en las negociaciones para el préstamos del FMI, cuyo programa de reformas se está redefiniendo tras el rechazo de Said a aplicar los amplios recortes de gasto público que contemplaba el acuerdo inicial.
Crisis migratorias
El repunte de las salidas de migrantes y solicitantes de asilo hacia Italia por el Mediterráneo Central -cerca de 70.000 en lo que va de año- mantiene la cuestión migratoria como una prioridad para la UE que en el Consejo Europeo de junio abogó por concluir acuerdos similares al de Túnez, un paquete integral con componente migratorio, con otros países de la región.
La Comisión también ha prometido 105 millones de euros para la gestión de fronteras, rescate y retorno, y lucha contra el tráfico de personas y contrabandistas.
En paralelo, Túnez afronta una crisis interna que ha registrado enfrentamientos entre residentes de Sfax, ciudad costera y principal punto de salida en la ruta mediterránea, y migrantes subsaharianos con acusaciones de "racismo institucional" desde que el presidente tunecino alertara en febrero de "hordas de inmigrantes ilegales" y un plan para desdibujar el carácter "árabe-musulmán" del país.
Según organizaciones humanitarias, cientos de personas habrían sido expulsadas a zonas desérticas fronterizas, que han denunciado agresiones físicas, el robo de su dinero y el destrozo de sus teléfonos móviles por parte de la Guardia Nacional y el Ejército.
La Media Luna Roja tunecina confirmó esta semana la evacuación de 600 personas en una operación humanitaria en la zona tapón de Ben Guerdane (sur), controlada por el Ejército, en la que los migrantes no tenía acceso a comida ni agua.
Diversas organizaciones de Derechos Humanos consideran que Túnez ha dejado de ser un "país seguro" para la devolución de migrantes y solicitantes de asilo en las intercepciones del Mediterráneo Central.
