El primer vuelo con solicitantes de asilo hacia Ruanda, en el marco de las quejas de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, no ha despegado finalmente en la noche de este martes debido a una orden emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para impedir la deportación de los migrantes.

El Ministerio del Interior ha confirmado a la cadena británica BBC que el avión, un 'Boeing 767-300' emplazado en una pista del Ministerio de Defensa en Boscombe Down, en Amesbury, no ha despegado en la noche de este martes.

En este momento no existe una vía para que el Ministerio del Interior de Reino Unido apele la decisión del juez, quien ha anulado todos los fallos de las autoridades británicas.

En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una orden para detener la deportación de un solicitante de asilo de nacionalidad iraquí que dejó su país en abril de 2022 e hizo una parada en Turquía antes de viajar en barco, a través del Canal de la Mancha, a Europa. Alegando estar en peligro, solicitó asilo a su llegada a Reino Unido el pasado 17 de mayo.

"El Tribunal Europeo ha indicado al Gobierno de Reino Unido que el solicitante no debe ser expulsado a Ruanda hasta tres semanas después de la entrega de la decisión interna final en su juicio judicial en curso", ha indicado en un comunicado, una orden que, finalmente, ha acabado afectando a los demás solicitantes.

Primeras reacciones

Uno de los primeros en reaccionar a la cancelación ha sido el alcalde de Londres, Sadiq Jan, quien ha dicho en su perfil oficial de Twitter que "la deportación inhumana de solicitantes de asilo a Ruanda de esta noche ha sido detenida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

"Enviar a personas que huían de la violencia a un país a miles de kilómetros de distancia ya era cruel e insensible. Ahora también es potencialmente ilegal", ha agregado el alcalde de Londres, del Partido Laborista británico.

Por su parte, el exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha calificado de "devastador" los planes "inhumanos" del Gobierno británico. "Gracias a los muchos brillantes activistas que han luchado incansablemente por los derechos de los refugiados", ha subrayado en su perfil oficial de Twitter.

Entre los que han criticado la polémica medida impulsada por el Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, se encuentra el arzobispo de Gales, Andrew John, quien ha condenado enérgicamente la política del Ejecutivo de Boris Johnson, calificándola de inmoral e ineficaz, según ha recogido la cadena BBC.

Asimismo, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, han señalado que la política "debería avergonzar" a Reino Unido. "El plan se presenta como una respuesta humanitaria para combatir la trata y el tráfico de personas, pero el resultado agravará el sufrimiento de quienes ya son víctimas", han dicho, según recoge la página web de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales.

La ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, ha indicado que estaba decepcionada por el hecho de que el vuelo a Ruanda no pudiera salir, pero que no se "disuadiría de hacer lo correcto".

Así, ha asegurado que su equipo legal "está revisando cada decisión tomada en este vuelo y la preparación para el próximo comienza ahora".

A su juicio, "esto ayudará a acabar con el modelo de negocio de los traficantes de personas y a evitar la pérdida de vidas, al tiempo que se garantiza la protección de las personas realmente vulnerables", tal y como ha recogido 'The Guardian'.

Movilización en Reino Unido contra lal decisión del Gobierno 

Por su parte, el director del Consejo de Refugiados, Enver Solomon, ha dicho: "aunque nos alivia saber que el vuelo a Ruanda no ha despegado como estaba previsto esta noche, está claro que el Gobierno sigue decidido a seguir adelante con este acuerdo, dejándonos que sigamos siendo testigos del sufrimiento humano, la angustia y el caos que la amenaza de expulsión provocará, con consecuencias de gran alcance para personas desesperadas que simplemente necesitan seguridad".

"El Consejo para los Refugiados también ha tenido que intervenir directamente para impedir que se expulse a jóvenes a Ruanda porque se les consideró adultos sin serlo", ha agregado solomon.

Asimismo, James Wilson, subdirector de la organización de Derechos Humanos 'Detention Action', ha declarado que esta noche es "para los libros de historia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se fundó a raíz del Holocausto, ha hecho lo que se estableció".

"Rara vez interviene en los asuntos jurídicos de los países miembros. Que lo haya hecho ahora demuestra lo potencialmente peligrosa que es la política de expulsiones de Ruanda del Gobierno", ha señalado.

Acuerdo con Ruanda

El acuerdo con Ruanda permite a las autoridades británicas enviar al país africano a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha. Dicha inicitiva está dotada con 120 millones de libras --144 millones de euros-- y se centrará sobre todo en hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo ruandés, Yolande Makolo, ha expuesto ante la prensa que su Gobierno está ofreciendo a los migrantes que llegaron a territorio británico tras cruzar el canal de la Mancha una "nueva vida". Así, ha explicado que se les brindará todo tipo de apoyo, incluido alojamiento, y que aunque Ruanda rechace su petición formal de asilo podrán solicitar la residencia legal.

Makolo ha apuntado también que las autoridades de Ruanda están dispuestas a apoyar la vuelta de estos migrantes a su país de origen o a un tercer país. "Esperamos que elijan quedarse con nosotros", ha declarado, alegando que es necesario no caer en estereotipos a la hora de hablar de África.

Así, ha afirmado que "Ruanda está preparada para recibir a los migrantes cuando lleguen y ofrecerles seguridad y oportunidades".

La aerolínea que estaba encargada de operar ese vuelo es 'Privilege Style', una empresa española con sede en Palma de Mallorca especializada en vuelos chárter.

Downing Street ha justificado que el enfoque actual sobre migración le cuesta a Reino Unido 1.500 millones de libras esterlinas (1.700 millones de euros) cada año, con casi 5 millones de libras al día alojando a los solicitantes de asilo en hoteles.