El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) ha hecho público este jueves un informe sobre Andorra, en el cual saca el Principado de la lista de países "no cumplidores".
Se trata de un informe intermedio correspondiente al cuarto ciclo de evaluación, que se centra en la prevención de la corrupción de los parlamentarios, los batlles --jueces-- y los fiscales, según ha explicado el Gobierno andorrano en un comunicado de prensa. El documento concluye que el país "ha aplicado o tratado de manera satisfactoria cinco de las 13 recomendaciones" que se hacían en el informe del cuarto ciclo de evaluación, mientras que otras siete se han aplicado parcialmente y una no se ha aplicado.
El Greco ha tenido en cuenta la nueva Ley de transparencia y acceso a la información pública, aprobada el pasado jueves por el Consell General --parlamento--, que establece un sistema de declaración privada de patrimonio obligatoria para los parlamentarios y otras autoridades. Sin embargo, pide que esta declaración sea de carácter público, y más teniendo en cuenta que muchos de los políticos andorranos mantienen actividades profesionales y negocios en paralelo a su actividad pública.
Desde el Gobierno se recuerda que este es un paso importante hacia la transparencia y reiteran que "Andorra quiere luchar innegablemente contra la corrupción, a la vez queriendo evitar la exposición directa e incontrolada de la propiedad privada, que, dada la medida del país, se traduciría en disuadir a los andorranos de participar en el ejercicio de la vida pública".
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS PARLAMENTARIOS
El Ejecutivo entiende que el Greco aplica para todos los países las mismas normas y que se debería "tener en cuenta la idiosincrasia del país", ha argumentado el ministro Portavoz, Eric Jover, en rueda de prensa este jueves.
Así, visto que la publicación de la declaración de patrimonio podría tener un efecto disuasorio para participar activamente en política, ya se trabaja en un código de conducta para los parlamentarios, que prevé la obligación de declarar los conflictos de intereses, el establecimiento de un sistema de asesoramiento confidencial en cuestiones de ética y deontología y un sistema de control y sanción.
LEY CALIFICADA DE JUSTICIA
El Greco también recoge la modificación de la Ley calificada de Justicia, que establece la renovación automática de los mandatos de jueces y magistrados, excepto en casos de responsabilidad disciplinaria.
Y "también valora satisfactoriamente que esté en marcha el establecimiento de un sistema persistente de asesoramiento confidencial sobre cuestiones éticas", según el comunicado del Gobierno.
En cuanto a la composición del Consejo Superior de Justicia, que el Greco pide que se garantice una representación adecuada de los miembros del poder judicial elegidos por sus compañeros, no se ha modificado. Según ha explicado Jover, se debería modificar la Constitución para responder a esta recomendación, y se ha optado por dar respuesta a las peticiones que dependen del propio Gobierno y del Consell General.
Así, el Greco concluye que el nivel de conformidad actual con las recomendaciones "ya no se considera insuficiente" y saca el Principado de la lista de países no cumplidores.
