La Comisión Europea (CE) presentará a principios del próximo año una propuesta legislativa que obligará a los proveedores de internet a detectar e informar sobre los contenidos que impliquen un abuso sexual a menores, anunció este viernes la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. En la actualidad denunciar esos casos es "voluntario" y "algunas empresas no informan", explicó Johansson en rueda de prensa, tras una reunión virtual de ministros de Interior de la UE convocada por Eslovenia, que preside el Consejo de la UE este semestre.
Convertirlo en obligatorio será el "aspecto más importante" de la propuesta de Bruselas, que además plantea crear un nuevo centro europeo para prevenir y combatir lo abusos a menores. Ese nuevo organismo ayudará a los responsables a detectar y eliminar los contenidos online y apoyará los esfuerzos de los países para la prevención y la asistencia a las víctimas, dijo la comisaria.
Johansson confió también en que antes de final de año se apruebe el nuevo mandato de Europol, que permitirá a la oficina europea utilizar la inteligencia artificial para analizar la web en búsqueda de esos delincuentes. Según Johansson, internet es "una zona de juego para los niños y un terreno de caza para los depredadores". Mientras en 2010 había 20.000 denuncias de abusos sexuales a menores en internet, el año pasado hubo más de un millón en Europa solo, dijo la comisaria.
Los participantes en la reunión, a la que también asistieron los ministros de los países asociados Schengen, de los Balcanes Occidentales y el responsable de Estados Unidos, aprobaron una declaración conjunta donde se muestran dispuestos a cooperar en la prevención y las campañas para concienciar sobre el problema. "Es crucial que los distintos interesados trabajen juntos para identificar a las víctimas y protegerlas del abuso sexual, así como para llevar ante la Justicia a los agresores", señala el texto.
Subraya además la importancia de contar con "soluciones apropiadas y viables" para la retención de datos, que permitan garantizar que los investigadores y otras autoridades competentes están equipados con las herramientas necesarias para realizar sus tareas. Esas soluciones deberán "respetar plenamente los derechos y libertades fundamentales de todos los usuarios", añade el texto.
