Las embajadas de los Veintisiete aprueban la futura relación entre Londres y Bruselas

Ahora, una vez se haya formalizado la adopción por escrito, se podrá proceder a la firma del acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido. Aunque aún no hay fecha ni formato decidido, se espera que el acto tenga lugar el 30 de diciembre y que participen la presidenta Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; al día siguiente debería publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

A continuación, el negociador comunitario, Michel Barnier, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mantuvieron una reunión virtual explicativa con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y con los líderes de los grupos de la Eurocámara.

Las capitales y sus expertos destinados en Bruselas llevaban analizando desde el fin de semana las 1.246 páginas del acuerdo (a las que se suman anexos y notas explicativas), que fue alcanzado en Nochebuena y debían dar su visto bueno por procedimiento escrito antes de las 15.00 horas de ayer, y así lo hicieron.

Mientras tanto, para que el acuerdo sea efectivo, tendrá que ser aprobado por la Cámara de los Comunes en una votación de urgencia y telemática convocada para el próximo 30 de diciembre por el primer ministro británico, Boris Johnson.

Este debería ser un mero trámite para Boris Johnson que tiene la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, y cuenta con el apoyo de su partido Conservador y, además, con el de la oposición laborista, aunque hay cierta incertidumbre respecto a si la facción más euroescéptica de los tories se sumará a los votos afirmativos o si votará en contra.

Si todos esos procedimientos formales siguen su curso sin sobresaltos, el acuerdo se aplicará de forma provisional desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero a la espera de la ratificación formal.

El Parlamento Europeo también tendrá ahora que analizar el texto puesto que debe dar su visto bueno al acuerdo. Aunque no tiene posibilidad de hacer enmiendas, mantiene su capacidad de vetar la totalidad del pacto. Solo puede decir “sí” o “no”.

En un comunicado tras la reunión de hoy, los líderes de los grupos políticos subrayaron que aceptan que el acuerdo se aplique provisionalmente para “mitigar las perturbaciones para ciudadanos y empresas y evitar el caos de un escenario de no acuerdo”, pero insisten en que esto “no constituye un precedente” para futuros casos en los que tenga que dar su consentimiento.

La Eurocámara quiere ratificar el acuerdo en su pleno de la segunda semana de marzo, por lo que analizará con la Comisión y la presidencia del Consejo si es posible ampliar ligeramente el periodo de aplicación provisional.

Las comisiones responsables ahora “examinarán cuidadosamente” el texto y prepararán su decisión que será “debatida y adoptada en pleno a su debido tiempo y antes del final de la aplicación provisional”, indicaron en el comunicado.

Como último paso por parte de la UE, el Consejo debe tomar la decisión final sobre la entrada en vigor del acuerdo.

Sistema de equivalencias. La UE puede reconocer que las regulaciones británicas relativas a los servicios financieros son equivalentes a las comunitarias, de modo que las empresas puedan operar en todo el territorio sin tener que pedir autorización en cada país y asumir los gastos que ello conlleva.

Unilateralidad de la UE. El régimen de equivalencias ofrece menos garantías que las que hubiera aportado un acuerdo, ya que las decisiones de equivalencia son tomadas unilateralmente por la Comisión Europea, tienen una duración limitada, pueden retirarse con un aviso previo de solo 30 días y no cubren todas las actividades financieras.

Flecos por cerrar. El Acuerdo de Comercio cubre de forma muy escasa los servicios financieros, en línea con otros tratados similares. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha reconocido que el tratado no va tan lejos como les habría gustado.

Medidas prudenciales. El documento establece que tanto la UE como el Reino Unido se comprometen a mantener sus mercados abiertos para los operadores de la otra parte que quieran establecerse para proporcionar sus servicios y a aplicar los estándares financieros internacionales. Ambos mantienen además su derecho de adoptar o mantener medidas prudenciales, por ejemplo para salvaguardar la estabilidad financiera o la integridad de su mercado.