- La Comisión Europea (CE) aprobó ayer el Fondo de Rescate y solvencia de empresas estratégicas diseñado por el Gobierno español, dotado inicialmente con 10.000 millones de euros para ayudar a las compañías afectadas por el coronavirus.

El fondo irá destinado a la inversión en “empresas estratégicas que operen en España y que estén afectadas por la crisis del coronavirus” y su aprobación se adscribe al marco temporal aprobado por la UE para flexibilizar las ayudas de Estado durante la pandemia, informó el Ejecutivo en un comunicado.

La Comisión considera que el fondo planteado por el Gobierno español “va en la línea” con las condiciones contempladas dentro del marco temporal de ayudas estatales, siendo un desembolso “necesario, apropiado y proporcionado” frente a las necesidades surgidas durante la crisis sanitaria. El mecanismo de financiación se llevará a cabo a través de instrumentos de recapitalización, préstamos participativos o deuda convertible.

Para acogerse al plan, el Gobierno exigirá que las compañías presenten planes de viabilidad con el calendario de devolución de las ayudas públicas y si antes de cinco años no han reembolsado al menos un 40% tendrán una penalización del 10%.

Además, las empresas solicitantes deberán tener la sede social y el grueso de la actividad en España; no estar en crisis antes del 31 de diciembre; justificar que el cese forzoso tendría un impacto negativo en la actividad y el empleo a nivel nacional o regional, y mostrar su viabilidad a medio y largo plazo.

Según la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, la crisis del coronavirus “ha golpeado duramente” la economía española, algo que hace necesario que las “empresas tengan facilidades para acceder a financiación en estos tiempos difíciles”.

“El plan asegura que el Estado está lo suficientemente remunerado frente al riesgo asumido por los contribuyentes, que haya incentivos para que el Estado salga lo antes posible y que el apoyo venga supeditado a condiciones”, concluyó la comisaria.

Requisitos. Para acceder a las ayudas, las empresas deberán tener su sede social y el grueso de su actividad en España, no estar en crisis antes del pasado 31 de diciembre, justificar su viabilidad a medio y largo plazo y argumentar que su cierre impactaría en la economía nacional o regional.

La comisaria de Competencia de la UE ve acertado el plan del Gobierno español.

40%

Si antes de cinco años las empresas no han devuelto al menos un 40% de las ayudas públicas tendrán una penalización del 10%.