- El primer ministro húngaro, el polémico ultranacionalista Viktor Orbán, cumple esta semana diez años en el Gobierno en medio de críticas por haber construido un "régimen híbrido", entre la democracia y el autoritarismo. Su "revolución conservadora" ha cambiado Hungría, ha debilitado la separación de poderes y le ha convertido en una referente entre los sectores más conservadores y nacional-populistas de Europa.
Orbán ha sido criticado por la Unión Europea (UE) por impulsar cambios constitucionales y legales que aumentaron su control sobre instituciones independientes, como la judicatura, y que dificultan la posibilidad misma de una alternativa democrática. No en vano, el prestigioso centro de ideas estadounidense Freedom House en un reciente análisis sitúa a Hungría como el país menos democrático de la UE y lo califica de "sistema híbrido", entre la democracia y el autoritarismo.
El partido de Orbán, el Fidesz, arrasó en los comicios del 25 de abril de 2010 aprovechándose de la crisis y de la mala gestión del anterior Gobierno socialista-liberal. La mayoría absoluta de dos tercios en el Parlamento -que conserva hasta hoy- le permite lanzar profundas reformas en solitario. Asume el poder el 29 de mayo de 2010.
Una de las primeras grandes reformas fue una normativa sobre medios bautizada como ley mordaza por limitar la libertad de prensa y crear un poderoso consejo de control, compuesto por miembros nombrados por el Fidesz.
Pese a que, tras largos debates con la UE, Orbán se vio obligado a retirar aspectos polémicos de la normativa, el deterioro de la libertad de prensa es obvio. Las presiones y la compra de medios por empresarios cercanos al Ejecutivo ha limitado mucho las voces críticas. Hungría se sitúa actualmente en el puesto 89 en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, mientras que en 2010 estaba en el 23.
Durante su primera legislatura (2010-2014) Orbán impulsó una frenética batería de reformas muy polémicas. El Gobierno redactó en solitario una nueva Constitución, que entró en vigor en 2011, sin consultar a la oposición. La nueva constitución, que refleja los valores cristianos, conservadores y ultranacionalistas de Orbán, también tuvo que ser enmendada por presiones de la UE.
Otra medida polémica es la nueva ley electoral, criticada por cambiar las circunscripciones individuales en beneficio del Fidesz. Así, Orbán renovó su mayoría absoluta en 2014 con 2,26 millones de votos, menos que en 2002 (2,3 millones). También se aprobó una polémica reforma judicial, que aumenta el control gubernamental sobre todo el sistema judicial.
En el verano de 2014 Orbán defendió la necesidad de crear un sistema democrático "iliberal" y puso como ejemplo a países como Singapur, China, Turquía y Rusia. Orbán asegura que es un sistema que se aleja de los valores liberales. Tras enfrentarse al Partido Popular Europeo (PPE), dejó atrás esa definición y ahora se presenta como un verdadero democristiano, pero su rechazo del liberalismo sigue dominando su ideología.
Budapest y la UE intensificaron sus enfrentamientos tras 2011, hasta el punto de comparar Orbán a Bruselas con la desaparecida Unión Soviética y asegurar que "Hungría no tolera que le dicten". Su discurso se fue radicalizando cada vez más, incluyendo la acusación de que los funcionarios de la UE están influidos por la izquierda. Por otra parte, en el pasado los jefes de gobierno húngaros siempre trataron de mantener buenas relaciones con Moscú, pero Orbán ha ido más allá, criticando las sanciones impuestas por la UE a Rusia por la anexión de Crimea. En 2014 Orbán y Putin firmaron un acuerdo por 12.500 millones de euros para ampliar la planta nuclear de Paks, la única de Hungría, lo que aumenta la dependencia energética del país de Rusia.
La crisis migratoria de 2015/2016, cuando centenares de miles de refugiados cruzaron el país en su camino a Europa Occidental, fue para Orbán clave para asegurarle la victoria electoral de 2018. El Gobierno levantó vallas en sus fronteras sur y redactó una serie de leyes para hacer imposible la inmigración. Orbán se presenta como el salvador de los húngaros y de los valores cristianos, utilizando un discurso en el que no duda de comparar a los solicitantes de asilo con criminales y terroristas.
Ya antes de la crisis migratoria, en 2013, comenzó una campaña sobre supuestos ataques del magnate estadounidense de origen húngaro George Soros contra Hungría, por medio de las ONG que financia y que promueven valores liberales como la separación de poderes y la transparencia.
En febrero de 2016, en plena crisis, Orbán empezó a decir que la Open Society Foundation (OSF), fundada por Soros, apoya la inmigración y por eso era un peligro para el país. En mayo de 2018 la OSF anunció que se retiraba de Hungría debido a que no podía garantizar la seguridad de sus proyectos y empleados.
Las relaciones con el Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece el Fidesz, ha empeorado al ritmo al que Orbán endurecía su discurso euroescéptico. La gota que colmó el vaso fueron las acusaciones contra el anterior presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, de participar en un complot para traer a millones de refugiados. A pesar de que desde 2018 el PPE viene advirtiendo a Orbán de que podía ser expulsado por no respetar sus valores, hasta el momento solo se ha suspendido al Fidesz, que sigue por ahora dentro del mayor grupo de la Eurocámara.
Tras años de fragmentación, enfrentamiento y caos, los partidos opositores de Hungría lograron en 2019 unir fuerzas en las elecciones municipales de 2019. Esa colaboración, con el único objetivo de vencer al Fidesz que aunaba partidos desde la izquierda hasta la extrema derecha, venció en Budapest y en 10 de las 23 ciudades más grandes del país. La oposición promete presentarse unida en las elecciones generales de 2022.
La actual pandemia ha facilitado a Orbán continuar su concentración de poder: su mayoría parlamentaria aprobó que pueda gobernar por decreto y sin límite temporal. La medida generó una lluvia de críticas dentro y fuera del país. El Parlamento húngaro tiene previsto levantar el próximo martes los poderes especiales y volver así al "trabajo parlamentario normal", como dijo el propio primer ministro el pasado viernes.