- "Una deriva sin precedentes en la UE" o una "caza de brujas" contra el país. El Pleno de Bruselas estuvo dividido en la condena sobre las medidas de emergencia que blindan al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con poderes ilimitados. Socialistas, Verdes, Liberales y de Izquierda Unitaria lo denunciaron con firmeza. Por otro lado, el líder del Fidesz contó con el apoyo de los aliados de Vox, Salvini y Le Pen. Mientras que los Populares escenificaron su división. La Comisión Europea, por su parte, continuará "vigilante" a la situación magiar.
Un ciudadano húngaro fue arrestado ayer por publicar en Facebook opiniones contrarias a Orbán. Es el desenlace de las medidas de emergencia decretadas hace un mes por el Ejecutivo húngaro en el marco del covid-19. La legislación en el estado de excepción da al líder del Fidesz poder para decretar el estado de emergencia sin fecha y sin control del Parlamento y concibe penas de cárcel de hasta cinco años para periodistas que difundan desinformación.
La Eurocámara celebró ayer un debate sobre la situación del país magiar. El encuentro ya venía caldeado por Budapest, que había echado un pulso a la Eurocámara queriendo enviar a la ministra de Justicia al debate. Pero el protocolo de la Cámara solo permite la intervención de jefes de Estado o de Gobierno y en este caso de forma presencial.
El primer eurodiputado en intervenir fue el miembro del Fidesz Andor Deli. "Parece que en la izquierda liberal hay grupos que no pueden permitirse seguir atacando a Hungría con estos debates ideológicos", señaló acusando a la cámara de "no respetar los derechos fundamentales de la UE" al impedir la comparecencia remota de Orbán. La principal familia política del Parlamento Europeo evidenció su división con su enfant terrible. El partido húngaro se encuentra suspendido del grupo, que debate de nuevo este año su expulsión definitiva.
El luxemburgués popular Christophe Hansen afeó a la Comisión y el Consejo que tenga miedo de actuar para defender los valores fundamentales en el país. La griega Maria Spyraki subrayó que las medidas húngaras son "el fin de las instituciones democráticas". "Orbán ha emprendido un camino sin retorno hacia la autocracia", señaló. En el lado de la tibieza democristiano estuvo la alemana Lena Dupont afirmando que las "medidas excepcionales deben evaluarse después en estos tiempos excepcionales" y el rumano Lorant Vinzce, que calificó el debate como una caza de brujas.
Quienes sí mostraron una condena unánime son los eurodiputados Socialdemócratas, Verdes, Liberales de Renovar Europea e Izquierda Unitaria, que pidieron al Consejo que agilice el proceso del Artículo 7 y a la Comisión que inicien un procedimiento de infracción contra Hungría por quebrar el derecho comunitario. Iratxe García Pérez, líder de los Socialdemócratas, advirtió de que el "silencio es complicidad" citando un informe de Freedom House que alerta de que Hungría ha dejado de ser una democracia. Asimismo pidió a los populares europeos "que dejen de proteger a Orbán". Maite Pagazaurtundúa, de Renovar Europa, señaló que "bajo la pandemia no se puede suspender la democracia. No vamos a parar no puede haber impunidad", afirmó en el Pleno de Bruselas.
Pero Orbán también contó con voces de respaldo a su gestión que llegaron desde los grupos ultraconservadores y de extrema derecha. Nicolas Bay, de Identidad y Democracia, cargaron contra "la izquierda moralista".
El Estado de derecho. La Comisión Europea prepara un informe sobre la situación del Estado de Derecho en los Veintisiete, que verá la luz a finales de este año. Ursula von der Leyen no ha levantado la voz contra Hungría y asegura que no se ha observado ninguna violación con las medidas de emergencia hasta el momento.
Hungría retiene a solicitantes de asilo. El Tribunal de Justicia de la UE sentenció ayer que Hungría mantiene detenidos ilegalmente a solicitantes de asilo en la zona de tránsito de su frontera sur con Serbia y exige su puesta en libertad, ya que su retención contraviene el derecho de la UE. La sentencia examina el caso de ciudadanos afganos e iraníes cuyas peticiones de protección internacional han sido rechazadas.