Atenas - Las islas del Egeo griego ya no aguantan más. Los habitantes de las cinco comunidades, que albergan a más de 40.000 migrantes en campamentos con una capacidad para sólo 6.000 personas, han decidido plantar cara al Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis. Ante el Ministerio del Interior en Atenas, varios centenares de vecinos de estas islas, flanqueados por sus Gobiernos locales, dieron ayer rienda suelta a su ira contra los planes del Gobierno de crear nuevos centros cerrados en sus islas.

Piden la descongestión inmediata de los campos, el traslado de todos o, al menos, de la mayoría de los migrantes al territorio continental y no están dispuestos a aceptar bajo ningún concepto la creación de nuevas instalaciones. "El plan del Gobierno es que toda esta gente se quede en las islas del Egeo del Norte. Creemos que esto no es correcto y que deben repartirlas por todo el país. Si no podemos detener la inmigración, tenemos que repartirlos", señaló el gobernador central de la región de Egeo del Norte, Kostas Muntsuris, durante la manifestación.

Polémico decreto Para la población insular, la gota que ha colmado el vaso ha sido el decreto ley aprobado esta semana por el Gobierno, que prevé la requisa de terrenos en Lesbos, Samos y Quíos para instalar los nuevos centros cerrados. Nada más publicarse este decreto, las comunidades locales decidieron suspender la cooperación con el Gobierno, un Ejecutivo con el que por lo demás comparten color político.

"El Gobierno no va a dar marcha atrás", zanjó el portavoz del Ejecutivo, Stelios Petsas, en varias entrevistas a las televisiones públicas a lo largo de los últimos días. Petsas insiste en que el Gobierno no tiene prevista una expropiación dura, sino una requisa por un periodo de tres años en los que las personas que se vean obligadas a ceder su terreno recibirán una compensación económica. Los isleños no creen que los nuevos centros cerrados sustituirán a los abiertos, que albergarán un máximo de 20.000 personas y que el resto será devuelto a Turquía o trasladado al continente en pocos meses, como asegura el Ejecutivo. - Efe