Los países europeos ultiman planes denominados de contingencia para hacer frente a los efectos desfavorables que puede tener una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, lo que se conoce como un Brexit duro. El reciente rechazo por el Parlamento británico del acuerdo de salida pactado por Londres y la Unión a finales de noviembre alimenta los temores a que tenga lugar una ruptura.
Esta es una de las prioridades de todos los países, la protección sanitaria y social tanto de los nacionales residentes en el Reino Unido como de los británicos en países europeos. Cada país se hará cargo de pagar las pensiones a sus nacionales. Bélgica ha anunciado que mantendrá los derechos de residencia y asistencia sanitaria para los 25.000 británicos que residen en Bélgica “sobre la base de un principio de reciprocidad” con el Reino Unido, una posición que también defienden otros socios comunitarios. Alemania ya ha garantizado que los estudiantes del Reino Unido que hayan comenzado estudios puedan terminarlos y Austria confirma que los títulos universitarios británicos reconocidos antes del 30 de marzo de 2019 mantienen su validez, pero después de esa fecha deberán ser convalidados.
El dispositivo francés para hacer frente a un Brexit duro implicará una inversión de unos 50 millones de euros en puertos y aeropuertos para garantizar la continuidad del flujo de mercancías y personas después del 29 de marzo. Además, la Administración contratará “en las próximas semanas” a 600 personas para puestos de aduaneros o de control veterinario. Bélgica reforzará el personal de aduanas con 300 nuevas contrataciones y el de la Agencia Federal de Seguridad Alimentaria con al menos 115 personas más para regular el tráfico de mercancías y efectuar los controles sanitarios en la frontera en la hipótesis de que el Reino Unido pase a ser un país tercero. Holanda tiene previsto contratar a novecientas personas para los trámites de aduana.
Se trata de un sector especialmente sensible para países como España y, en menor medida, Francia. Todos deberán abandonar caladeros británicos en caso de un Brexit duro. El ministro español, Luis Planas, ha asegurado que en ese caso las relaciones comerciales entre ambos países seguirían en un primer momento regidas por la misma normativa, al menos por un período transitorio. Si hay problemas logísticos en el puerto de Calais (Francia), el Gobierno español ya trabaja en la posibilidad “de reforzar la línea entre Santander y Portsmouth como posible salida (para las mercancías españolas).
La mayor o menor facilidad de movimientos afecta decisivamente al sector turístico. España y Portugal son grandes receptores de visitantes británicos. Dado que el 80% de las entradas de británicos a Portugal son por los aeropuertos de Faro y Funchal y Madeira se crearán en estas instalaciones “corredores especiales” para el control de documentación a británicos. En España se sigue con atención la situación de Iberia, parte del grupo IAG (encabezado por British Airways).
Madrid quiere convencer a Bruselas de que Iberia es una empresa española y así pueda seguir volando en la UE.
La patronal francesa ha enviado un mensaje de alerta a las empresas para “prepararse al peor escenario” y les has pedido que examinen las consecuencias para su actividad en términos logísticos, jurídicos, fiscales, aduaneros, de transferencias de datos o de certificación. La patronal italiana ha publicado un informe en el que advirtió de que un divorcio sin acuerdo costará a Italia cerca de 23.000 millones de euros y el sector más penalizado será el de las exportaciones. Alemania va a establecer un período de transición hasta finales de 2020 para que las empresas con sede en el Reino Unido puedan mantener sus actividades.
