Quedan cien días para que el Reino Unido deje de ser miembro de la UE, con acuerdo o sin él. El Brexit sin acuerdo, el llamado cliff edge -el precipicio- empieza a cobrar posibilidades a medida que en el calendario se acerca el fatídico día D, el sábado 30 de marzo de 2019.
Sin pacto de salida el Reino Unido no tendría derecho al periodo transitorio que el acuerdo fija hasta diciembre de 2020. Tras 45 años como miembro del proyecto europeo común, los británicos quedarían absolutamente aislados de la Unión y todos estaríamos abocados a unas contingencias caóticas cuyas consecuencias son difíciles de prever.
Respecto a las mercancías, el Gobierno británico estaría considerando cerrar la autopista del sureste de Inglaterra, la M26 en Kent, y convertirla en una especie de área de espera para hacer frente a las interminables colas que podrían producirse en el puerto de Dover. Se calcula que hasta 10.000 camiones que quisieran pasar a la UE podrían quedar atrapados en controles de aduanas. Otro efecto de trascendencia se refiere al IVA que se tendría que abonar por adelantado, lo que afectaría a la liquidez de las empresas que traten con Europa.
En los puntos preacordados el pasado mes de diciembre, tras el Brexit no sólo tendrían derecho a quedarse, sino también a llevarse consigo a sus familiares en primer grado. Sin un acuerdo, este punto dejaría en el limbo a los millones de europeos emigrados y que sólo en 2017 sumaron 578.000 personas. También se verían afectados los británicos residentes en Estados de la UE, entre los que España cuenta con el mayor número, la mayoría jubilados que viven en zonas residenciales turísticas de nuestras costas. Podrían tener problemas para cobrar la pensión si se vive en un país de la UE, ya que los bancos del Reino Unido quedarían fuera del sistema de pagos de la Unión Europea. Esto también afectaría al cobro de salarios y a los contratos de seguros. Incluso podrían tener obstáculos para acceder a su cuenta bancaria. En resumen, el desapego del Tribunal de Estrasburgo provocaría un vacío legal tanto para británicos como para extranjeros.
Un desamparo jurídico al que, además, se vería sometida Irlanda del Norte, que con el acuerdo de diciembre se aseguraba la ausencia de fronteras físicas con el resto de Reino Unido, pero que podría convertirse en un territorio completamente aislado si no hay acuerdo. A lo que se une el riesgo de demanda de independencia por parte de Escocia, mayoritariamente contraria a la salida de la UE. Por último, el pago de los 44,33 millones de euros por el Brexit es el mayor escollo. Sin un acuerdo, Reino Unido teóricamente dejaría de pagar esta cantidad, así como su aportación anual a los Presupuestos comunitarios en 2019 y 2020, como estaba previsto.
Un impago que evidentemente sería recurrido por la UE en los tribunales internacionales.
Si ante este dantesco panorama los diputados británicos no ratifican el acuerdo podemos convenir que estamos ante un suicidio colectivo.
