Lo que puede vetar España respecto al ‘Brexit’ y lo que no

MADRID - El secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano, sugirió la posibilidad de que no se celebrara la cumbre prevista para mañana domingo cuando aseguró en el Congreso que Pedro Sánchez estaba dispuesto a vetar el acuerdo en la reunión del domingo, “si es que hay Consejo el domingo”. Y es que lo que aprobará mañana el Consejo Europeo es la declaración política que acompaña al acuerdo entre el Reino Unido y la UE. Es ahí donde España puede ejercer el veto, puesto que la declaración política ha de ser aprobada por unanimidad de los Estados miembros.

¿Entonces, por qué Theresa May no está preocupada por lo que pueda hacer España? Porque ahí, en la declaración política se acaba la potestad de Madrid. Y es que el acuerdo de retirada, que es un tratado internacional, una ley fundamental que formará parte del derecho primario de la UE y que debe ser aprobado por el Consejo de Asuntos Generales de la Unión, que integran los ministros de Exteriores de los Estados miembros.

Es decir, el acuerdo de retirada en sí no se aprobará en el Consejo Europeo del domingo. Lo que verán los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión es la declaración política que lo acompaña.

La declaración política no es jurídicamente vinculante, pero sería muy difícil entender que se aprobara el acuerdo de retirada sin la aprobación de uno de los Estados miembros de la UE. No obstante, Madrid no las tiene todas consigo e incluso se plantea no acudir a la reunión del domingo al temer que sus exigencias pueden no ser atendidas.

En cambio, la aprobación del acuerdo de retirada británica de la Unión Europea necesita de una mayoría cualificada de al menos 20 de los 27 países. Es decir, que España deberá de convencer a al menos otros seis países para poder vetar el acuerdo en sí. En resumen, el Gobierno español podría vetar una declaración no vinculante, pero nunca el acuerdo de Brexit.

La clave de la protesta de España está en la redacción del artículo 184 del acuerdo que establece que “la Unión y Reino Unido pondrán su mayor empeño, de buena fe y respetando plenamente sus respectivos ordenamientos jurídicos”, para resolver cualquier problema que pueda surgir en su relación futura, “a partir del final del periodo de transición”.

Ya que este artículo no dice que, en la relación futura, cualquier decisión sobre Gibraltar debe contar con la aprobación de España. Así, el Gobierno español teme que, en el futuro, cualquier asunto relacionado con Gibraltar, incluido el estatus del Peñón, pueda ser negociado por la UE sin precisar el visto bueno previo de España. - Efe