madrid. El proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual superó ayer su primer trámite parlamentario tras el rechazo en el pleno del Congreso de las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC-IU-ICV y el PP. Las enmiendas fueron rechazadas con 176 votos en contra, mientras que hubo 10 abstenciones y 149 papeletas a favor.

En su intervención, la vicepresidenta primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, aseguró que se trata de "una buena ley; garantista, moderna, necesaria, equilibrada y liberalizadora" y, aunque reconoció que todo es mejorable, dijo que es "un buen punto de partida".

Fernández de la Vega insistió en el "absoluto espíritu de consenso" que ha presidido la elaboración del proyecto, extremo que han negado algunos grupos como el PP y el PNV por boca de Miguel Ángel Cortés y Pedro Azpiazu, respectivamente.

"No ha habido ninguna conversación con la oposición", indicó Cortés, quien reveló que a su partido le han llegado 600 enmiendas a la ley procedentes de unas 40 asociaciones. El texto, apuntó, reconoce el derecho a poseer participaciones significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicación televisiva, pero limita ese derecho si en el momento de la fusión o compra se acumula más del 27% de la audiencia.

Además, un solo titular no podrá tener participaciones significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicación televisiva que acumulen más de dos múltiplex -ocho canales- y, en toda caso indicó, se garantiza un mínimo de tres operadores privados estatales.

FÓRMULAS DE TELEVISIÓN Fernández de la Vega explicó que la ley regula las fórmulas de televisión de pago o acceso condicional como un derecho de los titulares de las licencias de TDT y limita el pago al 50% de los canales concedidos a cada licencia. De la Vega también se referió al Consejo Estatal de Medios Audioviuales (CEMA) que, "no solapa las atribuciones de los consejos de ámbito autonómico" y cuyos miembros serán elegidos por el Parlamento mediante mayoría cualificada de dos tercios del Congreso.

La creación del CEMA había creado ciertas suspicacias entre algunos grupos parlamentarios como el PP, PNV y CiU, que ven en él un instrumento del Gobierno para controlar los medios de comunicación.