San José aboga por una "respuesta integral" ante los nuevos tipos de delitos juveniles en Euskadi

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, subraya la importancia de proporcionar una “respuesta integral” ante las nuevas tipologías delictivas detectadas entre los jóvenes a la hora de abordar conductas infractoras cometidas por estas personas, y ha defendido abordarlo “desde una mirada integral, que combine responsabilidad y acompañamiento, protección y educación”.

San José ha inaugurado hoy en el Palacio Miramar de Donostia el curso de verano de la EHU ‘Nuevos retos en Justicia Juvenil: evaluar, responder y acompañar a menores y víctimas’. Organizado por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, tiene como objetivo analizar las nuevas tipologías delictivas juveniles, especialmente las relacionadas con la ciberdelincuencia y el entorno digital. En la inauguración han tomado parte también el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, y la fiscal jefe de Gipuzkoa, Mercedes Bautista.

Etapa decisiva de construcción de su identidad

La consejera ha comenzado su intervención destacando el momento vital en el que se encuentran las personas menores que cometen un delito: “una etapa decisiva de construcción de su identidad, de su proyecto de vida y de su relación con la comunidad”. Por ello, a la hora de abordar conductas infractoras cometidas por estas personas, “debemos hacerlo desde una mirada integral, que combine responsabilidad y acompañamiento, protección y educación”, ha señalado.

“La experiencia nos demuestra que las respuestas exclusivamente punitivas no son suficientes. La prevención, la intervención educativa, el apoyo familiar, la atención a la salud mental y el trabajo coordinado entre instituciones son elementos imprescindibles para reducir la reincidencia y favorecer procesos reales de inclusión social”, ha añadido, en alusión a las líneas estratégicas del recientemente aprobado VI Plan de Justicia Juvenil.

Oportunidades de cambio

San José afirma que el objetivo no es únicamente gestionar expedientes: “nuestro objetivo es ofrecer oportunidades de cambio, favorecer procesos de responsabilización y contribuir a que estas personas jóvenes puedan desarrollar proyectos de vida plenamente integrados en la sociedad”.

“En Euskadi llevamos años trabajando desde esa perspectiva”, ha proseguido María Jesús San José. “Lo hacemos gracias al esfuerzo conjunto de jueces y juezas, fiscales, equipos técnicos, profesionales de la educación, entidades colaboradoras y personal de la Administración de Justicia. Un trabajo que sitúa a la persona menor en el centro y que busca ofrecer respuestas individualizadas adaptadas a cada situación”.

Tener en cuenta a las víctimas

Considera la justicia restaurativa una herramienta para escuchar, informar y acompañar a las víctimas: “la justicia juvenil debe ser capaz de responder adecuadamente al daño causado y de reconocer a quienes lo han sufrido”. En ese sentido, ha señalado que “Euskadi ha sido pionera en el impulso de prácticas restaurativas que permiten abordar el conflicto desde la responsabilidad, el diálogo y la reparación”.

Sobre la salud mental y el bienestar emocional de adolescentes y jóvenes, la consejera ha resaltado que “resulta especialmente oportuno que este curso incorpore una mirada multidisciplinar. La complejidad de los retos actuales exige la colaboración de profesionales del ámbito jurídico, psicológico, educativo y social”.

Asimismo, en relación con la organización de este curso por parte del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, ha subrayado que “debemos seguir avanzando en la incorporación del conocimiento científico y de la evaluación rigurosa a nuestras políticas públicas. La evidencia debe guiarnos en el diseño de programas y en la toma de decisiones”.

Finalmente, la consejera ha destacado que “la calidad de una democracia también se mide por la forma en que trata a sus jóvenes cuando se equivocan; por su capacidad para exigir responsabilidades, pero también para ofrecer oportunidades; por su capacidad para proteger a las víctimas, sin renunciar a la reintegración de quienes pueden reconstruir su proyecto de vida.