La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado este lunes el “colapso” de las citas previas en las oficinas de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para acceder a trámites esenciales como la solicitud de pensión de jubilación o de la prestación por desempleo, con “demoras generalizadas y falta de disponibilidad en numerosas provincias”.
Problemas con la cita previa
La OCU reclama eliminar la cita previa obligatoria, establecer atención prioritaria para personas vulnerables y fijar plazos máximos garantizados para todos los trámites. La organización subraya que esta medida, introducida durante la pandemia, se ha consolidado como un filtro que impide un acceso igualitario a servicios esenciales, afectando especialmente a personas mayores, colectivos vulnerables y quienes carecen de destrezas digitales.
Estudio sobre disponibilidad de citas
La OCU realizó un estudio en 26 provincias para evaluar la disponibilidad de citas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), centrado en la solicitud de pensión de jubilación. Los resultados revelan que en más de la mitad de los intentos no se consiguió cita en la misma ciudad. En capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza, no se obtuvo ninguna cita en seis intentos. Solo Bilbao, Murcia y Málaga presentaron tasas moderadamente aceptables, pero con plazos de espera elevados: 28 días en Bilbao, 20 en Murcia y más de 23 en Málaga.
Situación en el SEPE
El análisis también incluyó el SEPE para la prestación por desempleo, un trámite de urgencia que debe completarse en 15 días hábiles. Aunque los resultados son algo mejores que en el INSS, la OCU considera que la situación sigue siendo inaceptable. En ciudades como Barcelona y Tarragona no se pudo obtener cita, y en Albacete, Bilbao y Oviedo los plazos eran de 28 a 32 días, lo que pone en riesgo derechos económicos o fuerza a realizar los trámites online a quienes carecen de medios o habilidades digitales.
Propuestas de la OCU
Ante este panorama, OCU ha insistido en que debe ponerse fin a la cita previa obligatoria para atención presencial, tal como se prometió, al menos para trámites urgentes. Hasta que esto ocurra, la organización considera imprescindible habilitar atención rápida para colectivos vulnerables, personas mayores sin certificado digital y ciudadanos con plazos críticos.
Asimismo, la OCU demanda que las principales oficinas de la administración dispongan de mesas de apoyo sin cita previa para asistir en la obtención y el uso de certificados digitales. Además, propone un plan nacional con campañas informativas y puntos fijos en barrios, para promover un acceso igualitario a la administración electrónica. Al mismo tiempo, reclama un compromiso vinculante para resolver trámites urgentes en un máximo de 5 días y el resto en un máximo de 10. Este estándar, precisa, debe incluir estadísticas públicas mensuales por oficina y sanciones internas cuando existan demoras injustificadas.
