“No es solo tu problema, es el nuestro”, es el lema de la campaña de este 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que apela a crear red de apoyo y comunidad en torno a las mujeres que sufren violencia machista.
¿Cómo traduce Emakunde este llamamiento social en protocolos de actuación, más allá de la sensibilización?
Los datos de la encuesta que hemos hecho públicos ponen negro sobre blanco y objetivan, de alguna manera, ese carácter estructural que venimos transmitiendo persistentemente, sobre todo las personas que estamos en el ámbito de las políticas de igualdad. Y ahí, de alguna manera, estamos mostrando una realidad que es incontestable. Creo que los datos nos interpelan a toda la sociedad y es una manera también de transmitir que debemos hacerlo realmente entre todos y todas: instituciones, organismos, asociaciones de mujeres, movimiento feminista… pero también el conjunto de la sociedad. Porque las cifras nos muestran que una de cada dos mujeres ha sufrido a lo largo de su vida algún episodio de violencia machista –en todo el espectro que supone–, pero eso nos demuestra la dimensión que ya veníamos anunciando desde siempre.
En la presentación de la campaña, se hablaba de evitar la “normalización” de la violencia machista. Una normalización que, sin embargo, ya se está dando si hablamos de que una de cada dos mujeres sufre esta violencia. ¿La respuesta institucional actual está a la altura de la magnitud del problema?
Lo que mostramos no es que se está produciendo una normalización, sino que la normalización existe y viene de lejos, y que se dan muchos elementos que sustentan precisamente la existencia de la violencia machista contra las mujeres. Tenemos además una ley que recoge en su conceptualización, vincula y ubica la violencia machista en la desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres en esta sociedad. Luego, la estrategia está precisamente dirigida a reducir y eliminar esas desigualdades sociales, económicas y culturales entre hombres y mujeres si queremos dar una respuesta eficiente a la violencia contra las mujeres. Se trata de una campaña, primero, para que ellas no se sientan solas en esa experiencia y, segundo, para hacer un llamamiento a la sociedad para transmitirles que también les interpela a ellos y a ellas a la hora de acompañar, de escuchar y de dar una respuesta cada uno en la medida que le corresponde, porque esto va mucho más allá de lo que las instituciones estamos ya desarrollando. Creo que hemos hecho un largo recorrido, que si miramos con perspectiva, nunca hemos tenido tantos recursos y servicios, y consideramos que a medida que se va destapando va a ser necesario seguir adecuándonos a las circunstancias y a dar una respuesta lo más eficiente posible.
“Los datos ponen negro sobre blanco y objetivan ese carácter estructural de la violencia machista”
El 80% de las víctimas confía su situación a su entorno cercano y solo el 19,9% contacta con servicios formales. Si las víctimas ya están “contando” el problema, ¿qué herramientas concretas se ofrece a ese entorno cercano para que sepan cómo actuar?
Estamos hablando de una gran diversidad de experiencias, no existe una fórmula única para todas ellas. Lo que es importante es transmitir que cada vez las mujeres tienen más confianza y también tienen más herramientas para identificar las experiencias que están teniendo. Muchas de ellas también han necesitado un proceso para poder identificar que la situación que han vivido se corresponde con una violencia machista. Luego, se trata de procesos individuales y también colectivos y creo que los datos también nos demuestran que, aunque todavía se tiene que ahondar mucho más, no estamos asistiendo a un aumento de casos, o no lo sabemos, lo que estamos asistiendo es a un aumento de las denuncias. Eso significa que las mujeres cada vez sienten más confianza en el sistema que tiene que responder y que están esperando que se les responda. En ese sentido, considero que estamos ganando en el empoderamiento de esas mujeres, en la posibilidad de que puedan identificar mejor y puedan contar con los recursos necesarios para superar esas situaciones de violencia, pero al mismo tiempo es necesario seguir trabajando en la prevención y en la sensibilización para transformar a nuestra sociedad, para convertirla en una sociedad más igualitaria y que se sustente en parámetros de respeto de los derechos de las mujeres.
Pero la realidad es que el 80,1% de las víctimas de violencia dentro o fuera de la pareja no ha contactado con ningún servicio de atención. ¿Hay desconfianza o barreras que impiden a 8 de cada 10 víctimas buscar ayuda formal?
Yo no estoy viendo barreras. Tenemos que pensar que la toma de decisión de estas mujeres no es fácil porque realmente sus experiencias son experiencias vitales. Creo que hay datos llamativos de muchas víctimas que no se animaban a poner una denuncia porque estamos hablando, no solo del hecho de denunciar, sino de socializar su problema y, a parte de la vergüenza y del estigma al que se exponen, algunas también referían la percepción de riesgo sobre sus hijos e hijas. Hay que tener en cuenta que seis de cada diez mujeres que han tenido alguna experiencia de este tipo tenían hijos e hijas menores de edad y sentían ese riesgo, en términos de dependencia económica y otra serie de factores que les frenan. Son cuestiones muy vitales y por eso es necesario seguir trabajando con las asociaciones y con herramientas de empoderamiento de mujeres para que ellas sientan la agencia suficiente de tomar la decisión cuando ellas consideren que deben tomarla. Esto no lo podemos hacer terceros sino que son las mujeres las que tienen que dar ese paso. Sin embargo, esa no es condición para que puedan acceder a recursos. Las mujeres que viven experiencias de violencia no necesariamente necesitan poner una denuncia para ser sujeto de derecho de los recursos necesarios para poder afrontar la situación. Euskadi desde hace ya mucho tiempo cuenta con medidas que intentan, de alguna manera, acompañar a esas mujeres hasta cuando ellas consideren que deben poner la denuncia.
Entre las víctimas que denuncian, los Servicios Sociales municipales (4,2%) y el propio Emakunde (0,2%) presentan tasas de contacto muy bajas, siendo la policía (10,1%) y los Servicios de Salud (6,9%) los más frecuentes. ¿Se dan pasos para mejorar la colaboración?
Eso está totalmente estructurado dentro del tercer acuerdo interinstitucional del 2001. Emakunde tiene como una de sus funciones fundamentales la coordinación entre las instituciones y ya llevamos un largo recorrido sobre estas cuestiones. Contamos además con un grupo técnico interinstitucional que intenta dar respuesta a los nuevos retos que se nos plantean constantemente. Ese es el marco de colaboración a nivel autonómico y, después, a nivel tanto foral como municipal también se constituyen. Creo que tenemos ya herramientas perfectamente diseñadas, planes de igualdad que orientan las decisiones sobre las políticas públicas que se quieran impulsar y ese es el marco de coordinación en el cual los nuevos retos se ponen encima de la mesa y se les intenta dar respuesta desde una óptica política y también técnica.
“Las mujeres tienen cada vez más confianza y también más herramientas para identificar las experiencias que sufren”
A pesar de ello, el 63% de las víctimas de acoso en el entorno de trabajo declara que no existen formaciones específicas y el 58,1% dice que no hay un departamento o una persona a la que acudir en estas situaciones. ¿Se prevén mecanismos de inspección y sanción para exigir estas obligaciones?
Tenemos que recordar que por ley es una obligación tener protocolos para el acoso sexual y por razón de sexo en las empresas, pero no es suficiente con tenerlo. El protocolo se tiene que desplegar y también se tiene que socializar dentro de la propia empresa. Creo que está bastante extendido –o por lo menos quiero creer–, que las empresas están cumpliendo precisamente este mandato normativo. Pero sí que considero que lo importante es que los protocolos se den a conocer. Que toda la plantilla, las trabajadoras y los trabajadores conozcan la existencia de estas medidas porque es de la única manera en la cual pueden saber a dónde tienen que dirigirse ante una experiencia de este tipo. Vistos los datos, es muy probable que todavía en algunas empresas no se haya dado ese despliegue y creo que es fundamental. No es suficiente con tener un protocolo en el cajón, el protocolo tiene que estar vivo porque es una herramienta que ayuda a dar una respuesta interna, rápida, confidencial y de superación de los problemas si realmente se conoce y se despliega.
“No es suficiente con tener un protocolo en el cajón, el protocolo tiene que estar vivo y darse a conocer”
Uno de los miedos de las mujeres a la hora de denunciar es precisamente que sus hijos e hijas se vean inmersos en una espiral de violencia. Save The Children ha publicado un informe en el que analiza 88 sentencias de abuso sexual a menores desde 2019 hasta 2024 y el 92,6% de las víctimas son niñas, la mayoría (88%) menores de 15 años y en muchos de los casos a manos de las parejas de sus madres.
Nos afecta a todas las edades y a todos los estratos, eso también nuestra encuesta lo refiere, el 21% de las mujeres encuestadas han hecho referencia a episodios de violencia –también sexual– en edades inferiores a los 15 años y esto nos muestra que se trata de un problema estructural, por eso estamos hablando de una violencia machista bien conceptualizada que es la que se ejerce por parte de los hombres a las mujeres por el hecho de ser mujeres y, en la nueva ley que ya aprobamos en el 2022, se incorpora un nuevo principio que es la interseccionalidad, con el que hablamos de cómo existe una serie de factores que agudizan la violencia machista, factores de vulnerabilidad. Así se suman, de alguna manera, elementos que contribuyen a que el riesgo sea mayor y uno de estos elementos es la edad. La violencia machista nos está mostrando una de sus caras más feas y es el abuso precisamente de niños y niñas.
Este mismo informe muestra que los acusados en todas las sentencias en materia de abuso sexual contra menores desde 2019 son hombres. ¿Se ha identificado un perfil de riesgo en la población masculina de Euskadi que requiera un enfoque de prevención diferenciado?
No estamos hablando de perfiles concretos. Lo veníamos diciendo y lo expresan los datos. Cuando hablamos de violencia machista y de abusos sexuales a niñas y mujeres, si hablamos de perfil, sólo hay un elemento común y es que son hombres agresores.
“Seis de cada diez víctimas de violencia machista tenían hijos menores de edad y percibían riesgo hacia ellos”
De estas sentencias, en 2019 los acusados fueron sobre todo monitores y educadores, dato que evoca el caso de Bernedo, en el que un discurso que promovía supuestamente la “normalización de cuerpos” acabó presuntamente en situaciones de abuso. ¿Cómo evalúa Emakunde la falta de mecanismos de control sobre proyectos educativos?
No tenemos nada nuevo que decir sobre el caso de Bernedo, sobre todo porque la investigación está abierta. En el caso de Emakunde sí que nos ha llegado una queja precisamente por acoso sexual y la investigación está abierta en ese sentido. Sin embargo, aprovecho para transmitir desde luego todo el apoyo y la cercanía a los familiares de los niños y de las niñas afectadas. Creo que las instituciones ya han empezado a dar respuesta y están tomando medidas en ese asunto y creo que, si finalmente se prueba la existencia de abusos, habrá que poner las medidas oportunas para que no vuelva a ocurrir.
¿Cuál es el cambio estructural más urgente que debe abordar la sociedad vasca para avanzar en la erradicación de la violencia machista?
Construir una sociedad en igualdad, ese es nuestro horizonte. La violencia machista se sustenta y se ubica en sociedades donde la desigualdad de hombres y mujeres existe. Nuestro índice a nivel de Europa se encuentra entre los países más avanzados en políticas de igualdad, pero todavía sigue habiendo desigualdades y tenemos que trabajar desde la óptica de esa transversalidad. Esa es una de nuestras funciones, uno de nuestros grandes retos y difíciles además: que todas las políticas sectoriales incorporen la perspectiva de género, que entiendan que el diseño de una política tiene impactos desiguales cuando el punto de partida es desigual. Si no somos capaces de detectar cuáles son las desigualdades entre hombres y mujeres, la política sectorial puede seguir reproduciendo esas desigualdades.