Educación podría estudiar que el dinero para los centros concertados dependa de la escolarización del alumnado vulnerable

Esta mañana finalizó la primera fase del Pacto contra la Segregación Escolar en Euskadi: la de diagnóstico. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, facilitó a los cincuenta agentes educativos que integran esta mesa de diálogo el diagnóstico actualizado con las propuestas que éstos han ido remitiendo las últimas semanas a la versión preliminar. Más allá de apreciaciones de matiz, la conclusión es diáfana. La escuela vasca tiene un problema de segregación evidente que perjudica emocional y académicamente tanto al alumnado vulnerable como a toda su clase. Para corregirlo, tal y como avanzó este periódico, Educación debería trasladar a entre el 30% y el 50% de este alumnado de las áreas más segregadas – las capitales y los municipios de más de 75.000 habitantes– para alcanzar una distribución perfectamente equilibrada.

Al margen de lo conocido, Pedrosa dio un paso más. En el encuentro presentó un documento en el que se identifican los retos pendientes para acabar con los guetos del alumnado vulnerable –migrante, con necesidades especiales y bajo índice socieconómico (ISEC) – en ciertos centros, en su mayoría públicos. Asimismo, delimita cinco líneas de actuación a medio plazo para avanzar en la reducción de la segregación. Euskadi es la comunidad autónoma más segregadora del Estado junto con Catalunya, según el Informe PISA 2022.

Uno de los puntos clave del documento guarda relación con la corresponsabilidad “efectiva” de toda la red concertada. Sin dar el nombre de ninguna patronal (Kristau Eskola, Ikasgiltza, AICE, EIBE, Elizbarrutia e Ikastolen Elkartea), el Departamento de Educación recoge por escrito que “una parte de la red concertada sigue escolarizando porcentajes muy bajos” de alumnado de bajo ISEC y de origen migrante, lo que contribuye “a la polarización social del sistema”. Lograr una corresponsabilidad real, dice el texto, implicaría “establecer mecanismos vinculantes, incluyendo condicionantes en los conciertos educativos, cupos obligatorios y seguimiento público de resultados”.

Asimismo, Educación se centra en la necesidad de “reforzar la supervisión de prácticas de admisión” y “garantizar la eliminación efectiva” de las barreras económicas que generan desigualdad en el acceso del alumnado, es decir, poner fin a las cuotas que la concertada sigue cobrando a las familias, incluso vulnerables. También plantea becas específicas a las familias o una financiación suficiente a los centros, algo que de algún modo ya se cumple.

La gran novedad que incluye el documento, y que también recogía el diagnóstico inicial del Pacto, es la creación de un sistema por el que la cantidad de financiación pública que reciban los colegios concertados dependa de su implicación en la escolarización de migrantes, pobres y NEE. En el documento al que ha tenido acceso este periódico, Educación asegura que para garantizar la corresponsabilidad de estos colegios en la erradicación de los guetos “cabe incluso estudiar la posibilidad de graduar la financiación pública de los centros concertados en función de las necesidades específicas de su alumnado”.

El documento también apunta a la necesidad de intervenir en la sobreoferta de plazas, acentuada por la caída de la natalidad del 30% la última década, que está detrás de parte de la segregación. “Si no se actúa, la sobreoferta derivada de esta caída demográfica puede agravar las dinámicas segregadoras, ya que las familias tenderán a concentrarse en determinados centros”. Afrontar este reto, dice el documento, implicará adoptar decisiones “valientes y planificadas” sobre cierres, fusiones o integraciones de centros educativos, con criterios de “equidad y sostenibilidad a medio plazo”. 

A partir del diagnóstico y de los retos identificados, Educación lleva a la mesa antisegregación cinco líneas de trabajo. La primera alude a reorganizar la programación educativa y reducir la sobreoferta. Esto supondrá “ajustar la oferta escolar a la demanda real, evitando duplicidades que amplifican la segregación y garantizando proyectos educativos inclusivos y equitativos en todas las zonas”. También se continuará evaluando el impacto de los criterios de admisión y zonificación, esto es, “definir áreas de influencia más equilibradas y reforzar los mecanismos de control de la admisión para asegurar una distribución justa mediante la aplicación de la normativa correspondiente a la gestión de la admisión ordinaria, extraordinaria y de la planificación de los centros educativos de la red pública y de la red concertad”.

La tercera línea estratégica habla de corresponsabilidad real de toda la red financiada con fondos públicos para lo que se establecerán “compromisos claros y verificables para todos los centros, públicos y concertados, en la escolarización de alumnado en situación de vulnerabilidad”. Se menciona una política compensatoria estable y estructural para “asegurar recursos humanos y materiales suficientes en los centros de alta complejidad, con criterios transparentes y evaluables”. Por último, Educación plantea la importancia del asesoramiento, formación y acompañamiento técnico y pedagógico intensivo, de modo que coordinen los “dispositivos estables de apoyo a los centros en contextos más difíciles”. La próxima reunión de este foro tendrá lugar el próximo día 29 de octubre.