La externalización de ciertos servicios es, a día de hoy, el principal escollo para sellar el Pacto de Salud. Aun así, el consejero de Salud Alberto Martínez se muestra “optimista” y confía en que este inédito Pacto pueda llegar en la reunión del 27 de junio. Ante el disenso existente sobre el papel de la sanidad privada, el consejero ha presentado una propuesta “integradora” sobre cómo debe ser la colaboración público-privada con la intención de ampliar del 80% al 100% el acuerdo alcanzado en la Mesa, donde solo uno de los cinco puntos presentados presenta objecciones.
La vía alternativa planteada por el Departamento de Salud para acercar posturas se marca como objetivo “reforzar” el sistema sanitario público vasco y considera la colaboración público-privada sólo “cuando suponga un valor añadido”. En este sentido, el documento fija como meta que la concertación no supere el 6% de la cobertura actual, la más baja del Estado y de Europa. Para conseguir este objetivo, el Gobierno vasco define una hoja de ruta con varias acciones. En primer lugar, propone inventariar la prestación de los servicios de los operadores privados y evaluar cada colaboración analizando los costes comparativos y el impacto en resultados de salud. La propuesta de Salud clasifica los servicios dentro de este nuevo marco de relación en varias categorías: críticos o estratégicos, aquellos que deben ser provistos directamente Osakidetza; subcontratables si hay justificación técnica y económica; y eliminables por razones de ineficiencia, inequidad o coste excesivo. El documento presentado en la décima reunión del Pacto celebrada en Gasteiz propone fortalecer la capacidad pública a la hora de planificar la subcontratación de algunos servicios para lo que se reforzará la unidad técnica encargada de evaluar las decisiones de colaboración público-privada desde el punto de vista del interés público. Por último, prevé adecuar el marco normativo que regule esta colaboración acorde “a los principios de sostenibilidad, eficiencia y equidad”. Es decir, el Departamento se compromete a hacer un informe sobre la situación actual en el que se recoja qué servicios esenciales no pueden externalizarse y cuáles sí. La intención es que este informe se lleve a la comisión de seguimiento del Pacto que se reunirá en abril de 2026.
Posiciones
Pese las diferencias que se han manifestado en torno a esta cuestión capital, el consejero de Salud es “optimista” y aseguró que “el consenso está más cerca que nunca”. Además, se mostró convencido de que en la próxima reunión 27 de junio “vamos a tener un pacto”. Respecto a las discrepancias expresadas por EH Bildu, Sumar, LAB, UGT, Satse y el Colegio de Trabajo Social, Martínez explicó que la propuesta que ha elevado a este foro está abierta a las aportaciones que puedan realizar el resto de agentes, con el fin de buscar “un mínimo común” en el que “todos estemos cómodos”.
La directora de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales del Departamento de Salud, Olatz Bolinaga, y el director de Transformación, Planificación y Digitalización en Salud, Gontzal Tamayo, reconocieron, las dificultades surgidas a la hora de consensuar una postura en torno a esta cuestión. Bolinaga indicó que aunque las posturas “no están tan lejos” entre los agentes existen diversas posiciones. En este sentido, afirmó que “todo no se puede publificar”, aunque confió en que finalmente se puedan “limar las asperezas” para llegar a un acuerdo. En una línea similar, Tamayo señaló que se ha producido una situación “inédita” en este proceso para tratar de lograr un pacto de salud, dado que es “la primera vez que hay una situación tan clara de disenso”, con dos posturas “claramente diferenciadas” y en algunos casos “antagónicas”.
Por su parte, desde Sumar, Jon Hernández, lamentó que se haya rechazado la propuesta del grupo de trabajo. A su juicio, se ha evidenciado “la resistencia a un cambio de modelo que garantice una sanidad pública, fuerte, potente y autosuficente”.
