El Gobierno vasco y el Ministerio de Universidades han alcanzado un “principio de acuerdo” para desencallar las negociaciones sobre el decreto que elabora el Ejecutivo de Pedro Sánchez para endurecer los requisitos para crear nuevas universidades. Con matices, el Ministerio ha aceptado el sistema de sellos de calidad propuesto por el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez, para determinar el grado de excelencia de una universidad. Además, se han tomado en consideración e incluido en la última redacción de la norma alguna de las alegaciones presentadas por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Aún no se ha resuelto el problema de invasión competencial. No obstante, ambas partes se han comprometido a mantener en los próximos días contactos para dar con “una fórmula” que concilie las aspiraciones de ambos gobiernos en relación con las discrepancias en materia competencial referidas, fundamentalmente, a las universidades on-line.
Estas son a grandes rasgos las conclusiones de la reunión que mantuvieron el miércoles el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez, y el Secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, para abordar la modificación del decreto con el que se pretende frenar la proliferación de universidades de titularidad privada de dudosa calidad. El Departamento que lidera Pérez Iglesias ha confirmado que ambas partes consideran que el sistema de los sellos de calidad propuesto por Lakua “es compatible con el espíritu” del Real Decreto.
De este modo, en el proceso de evaluación de las propuestas, las agencias de calidad –Unibasque en el caso de Euskadi– podrán incorporar certificados de calidad en base de los estándares que recoge la propia norma: la calidad de la oferta docente; la adecuación de la plantilla de profesorado que sustenta esa actividad docente e investigadora y que se compromete la entidad promotora del proyecto universitario a contratar; la dotación de equipamientos para la docencia, la investigación y la transferencia, de servicios y de gestión o la solvencia de la programación plurianual de la investigación y la transferencia de la universidad.
No obstante, el Ministerio ha aclarado que la incorporación de estos sellos no interferirá “en ningún caso” en el informe vinculante que las agencias de calidad deberán emitir tras la entrada en vigor del decreto para la creación de nuevas universidades. El matiz introducido por el Ministerio choca frontalmente con una de las líneas rojas dibujadas por el Lakua porque sigue trasladando la competencia de autorizar la creación de una universidad, que en estos momentos recae en el Parlamento Vasco, a las agencias de calidad, órganos puramente técnicos, cuyos dictámenes a día de hoy son solo preceptivos. Es decir, que son obligatorios pero no determinan la decisión final. Esa decisión es política y la toma la Cámara de Gasteiz.
LAS CLAVES
Origen de la reforma
Proliferación de universidades privadas: El Gobierno español quiere aprobar antes de verano la reforma del decreto aprobado en 2021 para enfurecer los criterios de creación de nuevas universidades ante la proliferación de universidades privadas en los últimos años. Actualmente existen 50 universidades públicas y 41 privadas y las matrículas en estos últimos centros han crecido un 368 % desde 1999. Desde los años 80 hasta ahora se ha doblado el número de estudiantes universitarios. En este curso hay más universitarios que nunca en el Estado, pero en la última década solo han aumentado un 2 % las plazas públicas, mientras que en las privadas el incremento ha sido del 100 %. Además, en los últimos 25 años no se ha creado ninguna universidad pública pero se han creado 26 universidades privada.
Autorización del estado
Las agencias de calidad tendrán la palabra: El Gobierno planteará que para crear nuevos centros universitarios sean vinculantes los informes tanto de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) –donde está el Ministerio y las comunidades autónomas –como los que emite Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) y las agencias autonómicas equivalentes en las comunidades autónomas, Unibasque en Euskadi. Hasta ahora estas evaluaciones eran preceptivas pero no vinculantes y el gobierno autonómico tenía la última palabra.
Solvencia económica
Coto a los fondos de inversión con beneficios rápidos: El Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación quiere garantizar que estas instituciones tienen experiencia en la gestión de este tipo de proyectos para evitar la entrada de fondos de inversión que solo buscan rentabilidad. El decreto aprobado en 2021 establecía un plazo de 5 años para que las universidades con autorizaciones o en vías de reconocimiento pudieran adaptarse a los nuevos requisitos. Un margen que en algunas universidades privadas veían excesivo.
Un mínimo de estudiantes
4.5000 estudiantes en los primeros cinco años: El Ejecutivo de Pedro Sánchez pide un mínimo de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio de estos centros, que garanticen un 10 % de plazas de alojamiento universitario, así como requisitos más estrictos en materia de investigación. También que la creación de universidades online sean aprobadas por las Cortes Generales. También se deberán ofertar titulaciones pertenecientes a tres ramas del conocimiento en cada uno de los tres niveles de estudios, grado, máster y doctorado
Efectos de la reforma
Varias universidades en el aire: Las nuevas exigencias que plantea el Gobierno estatal en el decreto podrían repercutir en los expedientes que se encuentran en trámite y que actualmente afectan a varias universidades. Las universidades que estarían en el limbo son la TAI University-Universidad Internacional de las Artes y la Universidad Felipe II, de Madrid; las universidades Abierta de Extremadura (ONEX), Europea de Extremadura y la Universidad CEU-Núñez de Balboa, también de esta comunidad autónoma; las universidades Internacional de Aragón (UNIAR), NCI de Aragón y The Power University; la Universidad Digital (UDDI) de Canarias y la Universidad de Mallorca, en Baleares.
