La semana pasada fue el Departamento de Ciencia y Universidades y ayer le tocó el turno a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) de trasladar a la ministra del ramo, Diana Morant, el ‘no’ del Gobierno vasco al decreto que elabora el Ejecutivo de Pedro Sánchez que endurece los requisitos para poder abrir nuevas universidades porque “invade competencias” y “socava el autogobierno”. El rector Joxerramon Bengoetxea expresó sus discrepancias con las formas –vía de urgencia– y el contenido de la reforma, a pesar de que le preocupa el hecho de que algunas de las universidades privadas de nuevo cuño ignoran una de las labores esenciales para cualquier institución de Educación Superior: hacer investigación.
Bengoetxea salió decepcionado del Pleno del Consejo de Universidades celebrado ayer la sede de la UNED (Madrid) –donde están representadas 91 universidades públicas y privadas– porque Morant “no ha hecho ninguna propuesta diferente” del borrador de la reforma que modifica el Real Decreto 640/2021 fallido impulsado por el exministro Manuel Castells para poner coto a la proliferación de lo que los socialistas llaman “chiringuitos”.
En cuatro décadas, el Estado ha pasado de tener 33 universidades públicas y 4 privadas, a tener 50 universidades públicas y 46 privadas, en un contexto, además, de “infrafinanciación” de la universidad pública estatal. En este momento, están pendiente de evaluación 10 nuevas universidades que deberán contar con el informe de calidad y vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), o agencia de evaluación autonómica, para poder salir adelante.
INVESTIGACIÓN
Tras el encuentro, Bengoetxea consideraba que el Ministerio debería “hilar más fino” respecto del porcentaje de fondos por investigación que debe obtener una nueva universidad. El proyecto de decreto exige el equivalente al 2% del presupuesto en convocatorias competitivas. De este modo, el área que lidera Morant pretende que las nuevas universidades tengan el deber de hacer investigación de calidad, algo que no siempre se cumple.
El rector de la UPV/EHU acudió a la reunión con el objetivo “reafirmar nuestro apoyo a las alegaciones formuladas por el Gobierno vasco” en respuesta a este proyecto de Real Decreto porque “mostramos nuestra disconformidad con la invasión competencial que se produce”. Pero al mismo tiempo, dijo, “estamos de acuerdo con la necesidad de exigir criterios de calidad a todas las universidades de nueva creación”.
Cabe recordar que el Gobierno vasco envió el pasado 15 de abril al Ministerio un escrito con las alegaciones al texto pero todavía no han recibido respuesta. El principal argumento del rechazo es la invasión competencial, pero no es el único. El Departamento que lidera Juan Ignacio Iglesias discrepa con que la reforma atribuya al estado las competencias relativas a las universidades on-line, ya que constituye una centralización contraria a las competencias autonómicas. Tampoco comparte que se conviertan en vinculantes los informes de las agencias de calidad ya que hurta a los parlamentos autonómicos la capacidad legislativa en este ámbito. Otro de los puntos de fricción es que se exija un número mínimo de estudiantes de 4.500 para poder crear una universidad en aras de garantizar una supuesta calidad. Lakua tampoco comparte que se eleve dos a tres los programas de doctorado que han de ofrecer las universidades porque dificulta la especialización.
El Gobierno vasco no ha sido el único en alzar su voz contra el proyecto. Otras 56 instituciones también han presentado alegaciones, incluidas la mayoría de las Comunidades Autónomas, la CRUE, la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, así como de varias universidades y otras asociaciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido más allá. Adelantándose a los tiempos, ayer anunció que llevará a los tribunales el decreto al considerar “que ataca a las universidades privadas, va contra la Constitución e invade competencias autonómicas”. Por su parte, Morant defendió que la reforma “es una medida de gran calado para poner coto a la aparición de universidades privadas que no cumplen con la calidad suficiente”. l
