Dentro de su apuesta por hacer visible la posición de los socialistas dentro de los gobiernos de coalición con el PNV, el PSE recriminó la semana pasada al consejero de Universidades que rechazara una propuesta del Gobierno español de manera unilateral por invasión competencial. Y aspira a que el asunto se aborde este martes en la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Eneko Andueza puso el foco el sábado, sobre todo, en un problema de coordinación con sus socios jeltzales. Pero podría ser que el movimiento del PSE haya sido prematuro por el punto en el que está la tramitación de la propuesta de la discordia: lo que ha hecho el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias es defender unas alegaciones para un proyecto del Estado, de modificación del decreto sobre las condiciones para crear nuevas universidades, que ni siquiera se ha aprobado aún en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Por tanto, no es un recurso por invasión competencial en el Tribunal Constitucional. Es algo muy previo. Son unas alegaciones con los aspectos que el Gobierno vasco no comparte, y se ha propuesto todavía en una fase de negociación. Por tanto, ¿ha habido unilateralidad al margen del pacto? El acuerdo de gobierno PNV-PSE, en el apartado sobre la defensa del autogobierno, solo obliga a elevar al Consejo de Gobierno las propuestas de recursos judiciales. El compromiso 143, iniciativa 4, lo detalla de esta forma: “elevar al Consejo de Gobierno las propuestas de interposición de procesos constitucionales o judiciales de toda índole que se sustancien en defensa del autogobierno vasco, de las competencias atribuidas a Euskadi y de la organización institucional de la comunidad autónoma. Esta vía se habilitará en los casos en los que las medidas preventivas de cooperación no tuvieran resultado y previa consulta del departamento competente en materia de defensa del Autogobierno con el departamento afectado”.
Por tanto, si en las próximas semanas el Gobierno español aprobara el decreto, y el departamento de Autogobierno de Maria Ubarretxena y el consejero Pérez Iglesias mantuvieran que hay una invasión competencial, sí tendrían que elevar la propuesta al Consejo de Gobierno, como se ha hecho en todos los casos hasta el presente. Así se hizo también con otra cuestión que suscitó discrepancias entre los socios, como el recurso contra la Ley de Vivienda estatal, que se presentó en Consejo de Gobierno y se saldó con el desmarque de los consejeros del PSE. El procedimiento es ese.
De todos modos, es muy probable que los socialistas, para preservar la relación y evitar que se repitan las tensiones de los últimos días, pidan que exista también una interlocución previa y fluida a la hora de presentar alegaciones, o antes de hacer pública la posición oficial del Gobierno sobre una normativa del Ejecutivo español, que además está liderado por su mismo partido, el PSOE. Se trataría de mantenerlos informados o tener la oportunidad de que se matice desde el primer momento la posición del PSE. Cualquier aspiración más allá supondría extralimitarse o pretender arrebatar sus atribuciones a los consejeros de la cuota del PNV, que además son el socio mayoritario en el equipo liderado por el lehendakari Pradales. Y Aitor Esteban ya dejó claro que no van a renunciar a defender el autogobierno y que protestarán y negociarán cuando sea necesario con el Estado.
Competencia del departamento
El orden del día del Consejo de Gobierno no es público, de manera que, oficialmente, no se conocerá hasta este martes, hasta la rueda de prensa posterior, en qué términos se habrá tratado este asunto o si habrá surgido a preguntas de los consejeros del PSE. Lo que hizo este lunes la portavoz y consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, fue defender en Bizkaia Irratia la competencia de Pérez Iglesias. “El departamento de Universidades ha analizado muy bien el decreto y la propuesta del Estado. Lo que se ha planteado es un ataque al autogobierno. No vemos el procedimiento de urgencia. Además, Euskadi tiene la competencia exclusiva en educación, y esta propuesta busca centralizar. Y, en tercer lugar, es muy limitador para las nuevas universidades. Es una decisión que corresponde al departamento. Ha propuesto alegaciones, y es un procedimiento normal”, dijo. “Presentar alegaciones formales para trasladar que no estamos de acuerdo creo que está dentro de la normalidad”, recalcó.
La polémica se refiere a la modificación del decreto estatal 640/2021, que fija los criterios para crear las universidades. La propuesta tiene una intencionalidad política muy dirigida a los “chiringuitos” privados de las comunidades autónomas del PP. En cualquier caso, el departamento ha alertado de que esta propuesta supondría una invasión competencial. El decreto atribuye al Estado la competencia sobre las universidades en línea y, por otro lado, exige un número mínimo de 4.500 estudiantes cuando algunas universidades que son referente en el mundo no alcanzan ese cupo.
