El Ararteko ha recomendado al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco que desarrolle "una actuación administrativa que garantice la debida seguridad jurídica" en el procedimiento de adjudicación directa de viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento.
Asimismo, ha solicitado a los servicios sociales municipales que resuelvan "expresamente y de manera motivada" las solicitudes formuladas por la ciudadanía.
El Ararteko, a través de esta misma recomendación, solicita una armonización de los informes elaborados por los servicios sociales de base, según ha informado el Defensor del Pueblo vasco en un comunicado.
Esta institución ha recordado que en Euskadi hay 94.748 solicitantes de vivienda protegida, de los cuales 72.564 se encuentran inscritos en régimen de arrendamiento. Además, el último informe elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco fija la vivienda como uno de los tres problemas más importantes de Euskadi, solo por detrás de los problemas ligados al mercado de trabajo y la sanidad.
El Ararteko ha señalado que "la falta de un parque público de vivienda suficiente afecta especialmente a personas en situación de vulnerabilidad social y económica".
"NUMEROSAS RECLAMACIONES"
En este sentido, ha explicado que "numerosas reclamaciones" que recibe de los ciudadanos se refieren a la "falta de respuesta expresa y motivada" a las solicitudes de acceso urgente a la vivienda por parte del hasta ahora Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco.
El Defensor del Pueblo, "a la vista de las dificultades que la ciudadanía sigue encontrando en la tramitación de las solicitudes para la adjudicación de una vivienda por el procedimiento extraordinario", ha realizado un análisis de la situación.
El estudio incluye un apartado de recomendaciones para promover una actuación administrativa "que garantice la debida seguridad jurídica" en este ámbito.
En esta 'Recomendación General', el Ararteko analiza la normativa vigente, los requerimientos de un proceso administrativo reglado y transparente, y los colectivos susceptibles de ser acreedores a una adjudicación directa.
En dichos colectivos se incluyen los grupos especialmente vulnerables, víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y vecinos y vecinas de zonas degradadas. Asimismo, en el estudio se examinan los requisitos y procedimiento del informe elaborado por los servicios sociales para acreditar el riesgo de exclusión social de las personas más vulnerables.
El Ararteko considera "esencial" que los poderes públicos "cumplan con las exigencias normativas y procedimentales para evaluar las situaciones de especial necesidad de vivienda con el fin de asegurar el acceso a una vivienda digna y adecuada".
