Euskadi se sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas en financiación de la dependencia ya que es la que más invierte por cada persona dependiente, la que mayor porcentaje dedica de sus presupuestos a este fin y la que más aporta con fondos propios (84 %) respecto a las ayudas del Estado (16 %).

Así lo refleja un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que pone en evidencia las grandes diferencias que existen entre las comunidades autónomas y explica que a día de hoy 292.792 personas están en las listas de espera de la dependencia en el Estado y que 40.447 fallecieron el año pasado sin haber conseguido entrar en el sistema.

Desigualdad territorial

En 2023 en Euskadi se invirtieron 949,6 millones de euros en el sistema de la dependencia. De ellos 797,2 millones, es decir el 83,9 %, corrió a cargo de las arcas autonómicas, y 152,4 millones, el 16 %, fue financiación estatal.

Esto sitúa a Euskadi como la autonomía que más aporta a la dependencia, seguida de Navarra (81 %), Extremadura (78 %) y Comunidad Valenciana (78 %). Las que menos invierten son Galicia (59 %), La Rioja (59 %), Andalucía (62 %) y Castilla y León (63 %).

Por ello el informe denuncia que "se mantiene una acusada desigualdad territorial", hasta el punto de que por persona potencialmente dependiente hay una diferencia de hasta 1.775 euros según la comunidad autónoma en que se resida.

2.848 euros por cada dependiente en Euskadi

Y es que frente a los 2.848 euros que se paga a cada persona dependiente en Euskadi, los 2.599 en Extremadura y los 2.413 en Navarra, en Murcia son 1.504 euros, en Canarias 1.248 y en Galicia solo 1.073.

Las comunidades que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a este ámbito son el País Vasco (83,9 %), Navarra (80,8 %) y Extremadura (78,2%) y las que menos, La Rioja (59 %), Galicia (59,3 %), Andalucía (62,3 %) y Castilla y León (63,2 %).

En toda el Estado la inversión pública el año pasado fue de 11.522 millones de euros para atención a la dependencia, de los cuales 8.230 millones fueron aportados por las comunidades (71 %), y 3.292 por parte del Gobierno español(29 %).