La embajada de Argelia en Madrid no ha dejado entrar a los activistas de Amnistía Internacional que querían entregar 30.000 firmas en apoyo al exmilitar Mohamed Benhalima, condenado a muerte y deportado desde el Estado español en marzo de 2022 por sus declaraciones contra el ejército argelino.
"No nos han dejado ni entrar", ha declarado la encargada de comunicación con la embajada de la ONG, María del Pozo Sierra, tras hablar con los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional del edificio.
Además de las firmas, también querían dar a la embajada del país magrebí la declaración del Parlamento vasco de junio del año pasado que pide a las autoridades argelinas la anulación de la pena de muerte del deportado, su puesta en libertad y que no se le apliquen tortura o malos tratos mientras permanece en prisión.
Junto al caso de Benhalima, también han denunciado el de Mohamed Abdellah, otro exmilitar argelino con idéntico compromiso democrático y que en agosto de 2021, tras ser citado por la Policía Nacional en Vitoria-Gasteiz para renovar documentación, fue detenido y deportado. Su familia vive actualmente refugiada en Gipuzkoa.
"Solicitamos su liberación porque son personas defensoras de los derechos humanos que lo único que hicieron fue ejercer su derecho a la libertad de expresión de forma pacífica", ha afirmado otra de las portavoces de Amnistía.
Benhalima, de 33 años, denunció irregularidades y corrupción entre altos mandos de las fuerzas armadas de Argelia y huyó ese mismo año cuando supo que su nombre figuraba en una lista de funcionarios militares buscados por el Ejército por su participación en el movimiento popular Hirak, que solicitaba reformas democráticas.
Asilo rechazado
Según explica la organización, el represaliado solicitó asilo al Estado español el 18 de febrero de 2020 y de nuevo el 18 de marzo de 2022, pero en ambas ocasiones fue rechazado y se le abrió un procedimiento de expulsión.
Durante esos dos años, el preso formó parte de Amnistía Internacional en Bilbao mientras seguía apoyando a través de redes sociales las protestas pacíficas en contra de la ausencia de libertades y la militarización de su país.
Acusado por el gobierno argelino de terrorismo, fue detenido en Zaragoza en marzo de 2022 y trasladado al CIE de Valencia para, finalmente, ser deportado el 24 de ese mismo mes.
El preso, que continúa en una prisión militar argelina, estuvo un año en una celda de aislamiento y actualmente tiene más de cincuenta causas pendientes en diferentes procesos judiciales por sus declaraciones contra el ejército argelino, según informa Amnistía.
Desde que sucedieron estos hechos, la ONG internacional ha escrito con frecuencia a la embajada argelina, pero nunca ha recibido respuesta.
