El Gobierno vasco plantea un horizonte temporal de diez años para "garantizar los derechos lingüísticos" de los ciudadanos en su relación con la Administración que para entonces debería ser capaz de atender en euskera a todo aquel que use esta lengua.
Así lo ha desvelado la viceconsejera de Política Lingüística, Miren Dobaran, que ha comparecido en el Parlamento Vasco a petición de EH Bildu para explicar en qué punto de la tramitación está este proyecto para renovar el decreto que regula la normalización del uso del euskera en el sector público vasco.
El primer borrador se hizo público en septiembre del año pasado y ahora está en un segundo proceso de recogida de aportaciones. El objetivo de tantas consultas es el deseo de "acertar" dado que actualizará un decreto que lleva casi 30 años vigente y es una cuestión que afecta a unos 150.000 empleados públicos.
"El objetivo no es aprobarlo sí o sí esta legislatura" sino lograr "el mejor texto posible", ha dicho Dobaran, aunque su "intención" es que vea la luz antes de que la próxima primavera se disuelva el Parlamento por la convocatoria de elecciones autonómicas.
Ha asegurado que el texto será "factible, realista" y tendrá en cuenta que "un tercio de la población es euskaldun" y que el 50 % de las consultas que los ciudadanos hacen llegar a la Administración son en euskera.
La viceconsejera ha abogado por ello por regular la cuestión con cautela, flexibilidad y desde el respeto a la pluralidad a la realidad sociolingüística de Euskadi. El objetivo final es "garantizar progresivamente los derechos lingüísticos" y da para ello un plazo de 10 años.
"Sería más fácil pedir 5 años pero no sería justo", ha apuntado Dobaran, que no obstante ha apuntado que ese lapso de tiempo podrá ser menor porque se avecinan muchas jubilaciones en el sector público y el relevo lo encarnan jóvenes que dominan el euskera.
PUESTOS CON PERFILES "ASIMÉTRICOS"
La regulación de los perfiles exigidos a los trabajadores incluye novedades respecto a 1997. Así, se permiten las "asimetrías", es decir, que en determinados puestos se puedan diferenciar los niveles de expresión oral y escrita.
Se trata de una medida pensada sobre todo para las nuevas incorporaciones, que en principio tendrán capacidad oral más que suficiente (muchos habrán estudiado en euskera) y puede que en su trabajo no tengan tanta necesidad de manejar textos en lengua vasca.
Otra de las novedades es que se abre la puerta a una nuevas vía para demostrar el conocimiento de la lengua y estar exento de acreditar perfil: hacer las pruebas del proceso selectivo en euskera.
Desde los grupos de la oposición, Rebeka Ubera se ha mostrado "preocupada" por el "retraso" en la tramitación del decreto y ha instado a aprobarlo con premura porque hay "un cambio generacional" en la Administración y el momento es "clave" para evitar que haya "otra generación incapaz de garantizar los derechos lingüísticos".
Desde Elkarrekin Podemos-IU, Gustavo Angulo, ha abogado por "conjugar" los derechos lingüísticos y el derecho al empleo público lo que pasa por perfiles acordes con la realidad sociolingüística. Ha criticado además la escasa información sobre el decreto que está facilitando el Gobierno Vasco.
El popular Carmelo Barrio ha defendido que las normas deben elaborarse desde el realismo y la prudencia para garantizar la seguridad jurídica y respetar la realidad sociolingüística y ha recordado que en Euskadi hay dos lenguas oficiales pero que el idioma "común es el castellano".
Desde los grupos del Gobierno, Aitor Urrutia (PNV) se ha mostrado partidario de regular esta cuestión sin prisa y con cautela, aunque ha recalcado que no tiene "ninguna duda" de que el decreto se aprobará esta legislatura.
El socialista Alberto Alonso ha llamado a "no desaprovechar el capital humano" planteando a "gente válida una exigencia (de euskera) superior a la necesaria" para su puesto. "No son tiempos para maximalismos", ha apuntado.
