La Policía Nacional ha identificado a un vecino septuagenario de la localidad guipuzcoana de Arrasate como el autor de 89 empadronamientos ficticios en su domicilio. Esta persona cobraba entre 50 y 300 euros por este trámite y muchos de los empadronados, en su mayoría ciudadanos extranjeros, nunca llegaron a residir en la vivienda.
En el marco de esta operación, se ha detenido en San Sebastián a siete personas como presuntas responsables de delitos de falsedad documental y contra la hacienda pública y la Seguridad Social, según ha informado en un comunicado.
La operación se inició cuando los investigadores de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la capital guipuzcoana tuvieron conocimiento de que un vecino de Arrasate estaba empadronando fraudulentamente a un gran número de ciudadanos a cambio de una compensación económica.
Tras las pesquisas iniciales, se logró determinar que este hombre era un septuagenario que había empadronado en su domicilio a 89 personas, en su mayoría extranjeros.
Asimismo, y con el fin de determinar las posibles motivaciones ilícitas de los empadronamientos, los agentes, en colaboración con 19 Brigadas de Extranjería y Fronteras de diferentes provincias, averiguaron que 38 de estos ciudadanos, pese a haberse empadronado como residentes en la vivienda investigada, nunca habían llegado a residir en ella y 20 habían pagado a su titular entre 50 y 300 euros por este trámite.
PRESTACIONES ECONÓMICAS
En este sentido, se procedió a la detención de siete personas que habían sido inscritas fraudulentamente en el padrón y se estableció que tres de ellas se habían valido de estos certificados de inscripción para solicitar prestaciones económicas en el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), consiguiendo una de ellas percibir 29.459 euros de manera indebida.
Igualmente, los investigadores también averiguaron que el resto de los arrestados habían intentado obtener permisos de residencia en España o prestaciones sanitarias de carácter especial, ya que residían en campamentos del Sahara o en Francia y se desplazaban hasta Euskadi cuando precisaban asistencia médica.
Por ello, contra el titular del domicilio se incoaron dos expedientes administrativos por infracción a la Ley de Extranjería que se saldaron con la imposición por parte de la Subdelegación del Gobierno de Gipuzkoa de sendas sanciones económicas que sumaron 156.027 euros.
Asimismo, se han iniciado otros siete expedientes sancionadores contra ciudadanos que no residían en la vivienda, por lo que se enfrentan a sanciones de 1.503 euros.
