En plena era digital, los archivos clásicos que almacenan en kilómetros de estanterías libros, fotografías, incunables, expedientes o los fondos documentales en papel para su conservación y consulta merecían una revisión. Y Euskadi le ha dado una vuelta a la situación para llevar su patrimonio cultural y la producción documental a la era digital, reconociendo además el derecho de acceso de la ciudadanía a cualquier documento de titularidad pública. El Parlamento Vasco aprobó ayer por unanimidad –excepto Vox– la Ley de gestión documental integral y patrimonio documental de Euskadi que busca avanzar en la mejora de la gestión de la información de los servicios públicos y la protección del patrimonio documental.
El encargado de defender en la tribuna de la Cámara el proyecto de ley aprobado con el Consejo de Gobierno del pasado 20 de abril fue el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, quien desgranó los pormenores de la norma que, entre otras cosas, regulará el Sistema de Archivo del Sector Público, de las entidades locales, el Patrimonio Documental de Euskadi e incluso los archivos privados, desde los eclesiásticos a los sindicales pasando por los fondos pertenecientes a familias o personalidades relevantes de la historia. La ley garantiza el acceso a cualquier documento público pero su mal uso o causar daños al material llevará aparejado multas de entre 50.000 y 300.000 euros.
Según explicó Zupiria la ley aprobada refuerza y actualiza la naturaleza jurídica del Archivo Histórico de Euskadi cuyo objetivo seguirá siendo el de “gestionar, conservar y difundir los documentos integrantes del Patrimonio Documental de Euskadi o susceptibles de serlo que estén bajo su custodia”. Asimismo indicó que más allá de los contenidos del texto, el “amplio acuerdo” con el que ha salido adelante, hace de esta ley un instrumento aún más “valioso”.
Unanimidad
“Necesaria e importante”. La parlamentaria de PNV Irune Zuluaga definió de esta forma la norma ya que “compromete a la Administración, al sector público, a las instituciones y a todos los servicios de las organizaciones en general, obligándoles en el desarrollo del principio de transparencia, en la preservación del patrimonio documental y en el reconocimiento y ejercicio del derecho de acceso de la ciudadanía a la información. Hablamos por tanto, de derechos y garantías”.
Aunque de acuerdo en el fondo, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona lamentó que “hace mucho tiempo” que Euskadi “dejó de ser pionera en las leyes” y consideró las que se están aprobando en la Cámara vasca están siendo “demasiado conservadores”, ya que “reflejan la realidad actual pero falta una mirada hacia el futuro, un poco de audacia”. Por su parte, el socialista Alberto Alonso destacó que con la nueva norma “se pretende dar también respuesta al crecimiento imparable de información electrónica generada y almacenada en sistemas y formatos muy distintos”. Desde Elkarrekin Podemos-IU Gustavo Angulo afirmó que con esta ley se da “un paso adelante” para “dar respuesta a las necesidades que en materia de archivos y de gestión documental se plantean en el territorio” y destacó que estamos en “un momento de transición donde conviven dos realidades muy diferentes: el milenario papel, y los nuevos documentos electrónicos, ambos con realidades y necesidades muy diferentes”. Por último, el popular Carmelo Barrio señaló que se trata de una ley “muy necesaria”.
