Detrás de cada mujer asesinada hay una familia rota, y el dolor infinito de hijos e hijas que pierden a su madre, como ha ocurrido esta semana con dos menores en Córdoba tras un nuevo crimen machista. Vidas arrebatadas, y otras que si bien siguen latiendo lo hacen muy dañadas por esta lacra social que bien conoce la CAV. La violencia de género deja una larga estela de huérfanos en las dos últimas décadas en Euskadi. Son cuarenta los hijos de mujeres víctimas de crímenes perpetrados por su pareja o ex, la mitad de ellos menores de edad, entre los cuales nueve fueron testigos directos de los hechos. Catorce son hijos de los agresores.
Un estudio jurídico criminológico sobre los 25 casos más graves -homicidios o asesinatos- cometidos en la CAV entre los años 2002 y 2020 permite extraer una valiosa información sobre el contexto en el que se producen este tipo de crímenes.
El informe concluye que es necesario “mejorar los mecanismos de protección” actuales. Y lo hace teniendo en cuenta “el importante número de víctimas mortales” sobre las que se había identificado previamente una situación de riesgo.
El estudio se ha elaborado a partir del análisis de los datos recogidos por la Ertzaintza y del contenido de las sentencias recaídas en primera instancia. El documento aborda lo que hoy por hoy sigue siendo una controvertida delimitación. Aunque los delitos de odio y los de violencia de género se han concebido tradicionalmente como fenómenos separados, tanto el sexo como el género son elementos expresamente recogidos como circunstancia agravante en el Código Penal, de ahí que la investigación plantee que, en caso de que motivaran la selección de una persona como víctima, “darían lugar, en potencia, a la comisión de un delito de odio”. Esa es la razón por la que este estudio piloto sobre los crímenes machistas en Euskadi haya sido incluido en el Informe de Incidentes de Odio de Euskadi 2021, elaborado bajo la dirección y coordinación de Jon Mirena Landa, director de la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV-EHU.
proceso de control y sumisión
El documento señala que, “en términos generales”, los incidentes de violencia de género que se producen en Euskadi dentro de una relación de pareja no son hechos aislados sino que se enmarcan “dentro de un proceso de control, dominio y sumisión en el que la mujer es sometida a la violencia física, psicológica, sexual o económica de forma continuada”.
Así se desprende del análisis de las sentencias dictadas, en la mitad de las cuales el motivo desencadenante del hecho criminal fue la intención o decisión de la víctima de separarse o dejar la relación, lo cual no fue aceptado por el acusado.
En nueve casos, el crimen es “la culminación de la violencia sistemática que venía infligiendo el acusado a la víctima debido a su carácter agresivo”. Siete mujeres habían denunciado previamente al acusado según figura en las resoluciones. Intervino la policía. El riesgo -según recoge el estudio- se valoró como “especial” o “alto” en tres víctimas, y como “básico” en cuatro. Las medidas adoptadas consistieron en la formación de las mujeres en medidas de autoprotección, comprobaciones aleatorias por teléfono y la asignación del dispositivo bortxa, dotado con localizador GPS. Esta última medida no había sido acordada en el caso de dos de las mujeres cuya situación de riesgo se valoró como “básica”. A este respecto, el informe señala que “debe prestarse especial atención a las denuncias previas de las víctimas y a la constatación de episodios previos de este tipo al tratarse de indicadores altamente significativos”.
En otras siete sentencias se señala la existencia de episodios de violencia de género producidos por el acusado contra la víctima sin que esta hubiera interpuesto una denuncia por los hechos.
relación de afectividad
A pesar de que el estudio parte del análisis de 25 sentencias, se conoce la identidad del autor únicamente en 24 de los casos, puesto que uno de los procedimientos penales terminó con sentencia absolutoria. Con respecto al perfil de los acusados, de los 24 casos analizados hay doce estatales y otros tantos extranjeros, en similar proporción a las víctimas. El promedio de edad de ellas: 37 años. Sus agresores: 39.
El porcentaje de crímenes en los que la víctima y el victimario mantenían una relación de afectividad o de pareja se sitúa en un 66,7% (16 casos) y, en la mitad de ellos, resulta significativo que la víctima hubiera anunciado su intención de separarse antes del acto mortal. En el 33,3% de las agresiones mortales, la mujer había puesto fin a la relación previamente.
El documento también analiza el método empleado para acabar con la vida de la víctima. El uso de arma blanca es el método más empleado y el 88% de los crímenes tienen lugar en el interior de un domicilio, “el común”, en trece de los 25 casos analizados. Otro siete delitos se cometieron en el piso de la víctima.
El documento refleja que Tolosa es el único municipio guipuzcoano en el que se registraron dos víctimas mortales en el periodo de tiempo estudiado. En el primero de los casos, la víctima del homicidio fue una mujer muerta en una chabola a manos de un hombre de 41 años, que vivía junto a la víctima y otro indigente. La segunda víctima mortal en este municipio fue María Caridad de los Ángeles, de 39 años y de nacionalidad cubana, asesinada por su compañero sentimental.
El homicida, un hombre de 26 años que ya había sido arrestado previamente por agredir a una pareja anterior, confesó su autoría. La víctima no había presentado ninguna denuncia por malos tratos con anterioridad. El informe da cuenta de otros dos crímenes en Basauri, tres en Gasteiz y cinco en Bilbao. Los trece restantes se reparten por otros tantos municipios vascos.
El estudio de las sentencias permite conocer otros aspectos, como la época del año en la que más delitos se cometen: julio y agosto, y es el sábado el día de la semana que más crímenes machistas registra, la mitad de ellos delante de testigos. También se analiza la respuesta del acusado una vez cometido el homicidio o el asesinato. En cinco casos se produjo la huida. En otros cuatro, los autores llevaron a cabo actuaciones para simular o encubrir el delito.
Indemnizaciones. Las 24 sentencias condenatorias realizan pronunciamientos en materia de responsabilidad civil. En 16 se reconoce una indemnización a los hijos e hijas de la víctima, cuya cuantía media es de 100.000 euros. El promedio que han recibido los progenitores asciende a 67.000 euros, mientras que los hermanos y hermanas recibieron en torno a 27.000
Perfiles. De los 24 casos en los que el acusado fue condenado, en doce es de origen español, y en los otros doce, extranjeros. Se conoce el origen de 23 de las 25 víctimas mortales: trece de España, y el resto extranjeras.
Perfiles. En el marco de los 25 crímenes analizados se ha constatado que 40 hijas e hijos han perdido a su madre a causa del homicidio o asesinato cometido por la pareja o expareja.
El arma blanca es el método más empleado, que en un 88% de los casos tiene como escenario un domicilio, habitualmente el piso en común de la pareja.
En diez de las sentencias el motivo desencadenante es la decisión de la víctima de dejar la relación.
52%
Porcentaje de víctimas mortales que tenían menores a cargo.
Piden mejorar los sistemas ?de protección debido al “importante número de víctimas” que habían sido identificadas en riesgo
La mayor parte de los crímenes se comete en los meses de julio y agosto, y la mitad de ellos delante de testigos
