La futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) propone varias vías para acabar con la precariedad de las plantillas, la oferta de microgrados y la concesión de más derechos al alumnado, como por ejemplo la evaluación de la labor docente. El nuevo borrador, menos intervencionista que el del exministro Manuel Castells, vuelve a modificar el proceso para ser elegido rector o rectora.
Finalmente, queda en manos de las propias universidades fijar los requisitos para ocupar el Rectorado, más allá de que la persona candidata sea PDI doctor. El mandato será de 6 años improrrogables y la elección será por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria, asegurando que el peso del personal docente e investigador (PDI) sea al menos del 51%.
El ministro de Universidades, Joan Subirats, acompañado por el secretario de Universidades, José Manuel Pingamón, presentaron ayer el anteproyecto de la reforma que incluye el compromiso de gasto en universidades del 1% del PIB. La intención del Ministerio es llevar el texto al Consejo de Ministros “en las próximas semanas”.
Según Subirats, se trata de una ley que quiere que las universidades “estén más conectadas con la sociedad, que quiere internacionalizar el sistema”, pero también se trata de una norma con un “enfoque firme de derechos” que, además, “revaloriza la función docente”, “reduce la precariedad” del PDI y dota a las universidades de más financiación.
“Es una ley que es urgente, necesitamos tener un nuevo marco normativo para afrontar los retos que tiene la universidad, que ofrece las herramientas para afrontar este cambio de época”, dijo Subirats: “Una ley que aborde los problemas de hoy y prepare a la Universidad para el futuro”.
El nuevo documento plantea numerosas medidas para reducir la temporalidad en el conjunto del sistema. La LOSU, según afirmaron ambos, pretende acabar con la precariedad laboral, estabilizar el sistema y rejuvenecer las plantillas. Así el profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 20% en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador.
También se modifica la figura del profesor asociado, que ahora tendrá limitada la docencia a 120 horas, así como de la figura de profesor visitante, que se limitará la duración de su contrato a dos años. Asimismo, se crea una nueva figura de sustituto, que sustituirá al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo.
Además, la LOSU diseña una carrera más estable y más corta. Según señaló, la idea es que en 10 años una persona que accede a profesor se estabilice: el candidato entra a la universidad con contrato predoctoral de 4 años para hacer la tesis, y una vez acabada, podrá acceder a una de las plazas de contratado post doctoral mediante un contrato de 6 años.
Si al cabo de esos 10 años, el docente tiene acreditación para cualquier figura permanente, entonces pasarán a formar parte del sistema. Por otro lado, la futura Ley recoge hasta 17 derechos de los estudiantes, entre los que se encuentran: conocer los planes docentes de las asignaturas en las que prevea matricularse y ser informado de la lengua de impartición de cada materia o al paro académico. l
lll Títulos no oficiales. Entre los principales cambios introducidos por la LOSU destaca que las universidades podrán ofrecer títulos propios de formación como las microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración y que podrán tener reconocimiento académico. El texto no dice más al respecto, si bien el ministro Joan Subirats precisó que estas microformaciones servirán para la actualización de contenidos. Están pensadas como “títulos propios, no oficiales”, que pueden tener duraciones variadas, “entre 4 y 40 créditos ECTS” y también podrán pedir en los requisitos que se piden para cursarlas, de modo que en algunas no hará falta que una persona tenga un título específico previo.
1%
La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) plantea el compromiso de un gasto del 1% del PIB. Esto supone un avance en relación a los datos actuales de gasto que rondan el 0,7% de media del PIB después de una década en que las universidades se han visto afectadas por los recortes y políticas de austeridad producidas por la anterior crisis económica de 2008.
Diez años
Con la nueva normativa, desde el inicio los estudios de doctorado hasta la estabilización solo pasaran diez años, con el objetivo de rejuvenecer la plantilla universitaria. Se accederá por concurso público. El acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, que tendrá un contrato de 6 años, en lugar de cinco, como paso previo a la estabilización a través de las figuras de “titular de universidad” o bien de “permanente laboral”, mediante la acreditación pertinente y un concurso público.
Temporalidad
El profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 20% en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador.
Se reserva un 15% de las plazas para el profesorado que lleva años contratado bajo figuras no adecuadas (asociado, visitante y otras) como vía de entrada a la carrera académica.
Autonomía
El claustro será el órgano de máxima representación y participación de la comunidad universitaria garantizando siempre un 25% de mínimo de representación del estudiantado, así como una representación del 51% para el personal docente e investigador. Además, se consolida el Consejo de Estudiantes en cada universidad. El mandato de los rectores será de seis años improrrogables y no renovables. Las universidades tendrán autonomía para la definición de sus estatutos así como para la creación de otras estructuras en departamentos y facultades.
Alumnado
Se incrementa la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad, como el claustro o los consejos de facultad, un mínimo del 25%.
Microgrados
Se establecerán títulos mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, que podrán tener reconocimiento académico.
