- Las grandes corporaciones locales sitúan en el entorno del 25% el previsible impacto negativo para este ejercicio 2022 derivado de la nueva regulación del Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la conocida como plusvalía municipal.
Las corporaciones locales a que se refiere la AIReF son los 16 ayuntamientos con más de 250.000 habitantes de población de derecho -Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo, Gijón y L’Hospitalet de Llobregat- y las diputaciones forales de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.
La AIReF considera que el amplio margen de autonomía financiera de las corporaciones locales, con competencias para actuar sobre los principales elementos tributarios de los impuestos municipales dentro de los márgenes que establece la normativa estatal, podría lograr que la pérdida de recaudación que les va a originar la nueva regulación del impuesto se vea compensada mediante el ejercicio de su capacidad normativa en la materia.
En todo caso, el Tribunal Constitucional (TC) deberá volverse a pronunciar sobre la regulación de la plusvalía municipal después de haber admitido a trámite en febrero pasado los recursos del PP y Vox contra la reforma del impuesto, que tiene su origen en el decreto aprobado en el Consejo de Ministros del 7 de noviembre.
La modificación del impuesto, convalidada por el Congreso de los Diputados en diciembre, establece un sistema objetivo para calcular la ganancia real obtenida por la venta de bienes inmobiliarios, después de que el modelo anterior fuera suspendido por el propio tribunal de garantías.
En una sentencia dictada el pasado octubre, el Constitucional declaró la nulidad de varios aspectos del cálculo del tributo, ya que éstos determinaban que siempre había una revalorización de los terrenos durante el periodo de imposición, con independencia de que hubiera existido y de su cuantía real.
