El confinamiento y la educación on line afloraron tanto la brecha digital, como la desventaja académica de muchos estudiantes cuyas familias no les pueden pagar clases particulares, academias o cursos de idiomas. Pero la crisis económica que ha traído la pandemia no ha hecho sino duplicar el número escolares que necesitan apoyo extraescolar o equipos informáticos para llevar al día el curso.

El año pasado 2.123 niños y adolescentes recibieron apoyo extraescolar de la mano del programa del Gobierno vasco gestionado por Argintzari Aukerak Suspertzen, un 90% más que en 2020. Además, se cedieron 156 ordenadores y 81 tarjetas de conectividad. Prácticamente cuatro de cada diez de los escolares que se acogieron a este programa de refuerzo extraescolar son hijos e hijas de familias monomarentales y fueron derivados por los Servicios Sociales de los ayuntamientos.

El éxito de este programa reside en que ha logrado activar el tejido local de 64 municipios gracias al trabajo de 22 entidades de base y 3 asociaciones que tejen en torno a estos menores una red de detección y apoyo escolar. Además, este año el Gobierno vasco ha destinado una partida extraordinaria de 300.000 euros para ayudar con sus estudios a los niños y niñas ucranianas que han llegado a Euskadi huyendo de las bombas y el horror de la guerra en su país. Así lo anunció la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, que presentó ayer el balance de Aukerak Suspertzen. El acto contó también con la participación de Jokin Bildarratz, consejero de Educación; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; y Oscar Granado, coordinador del programa.COHESIÓN SOCIAL

Artolazabal recordó que este programa surgió “de la escucha activa para dar pasos a una construcción compartida entre la administración pública y el Tercer Sector Social”. Del Fondo Covid, Aukerak Suspertzen pasó a adquirir entidad propia dentro de los presupuestos de la Dirección de Familias e Infancia, donde ha seguido creciendo. No obstante, la consejera admitió que “quedan retos para que el programa penetre lo máximo posible en la sociedad y llegue a más familias vulnerables”. Durante su intervención, la titular de Políticas Sociales destacó que un 40% de los 2123 menores atendidos son “derivados desde los Servicios Sociales de Base, quienes identifican a las familias en situación de desventaja social. Menores y familias son derivados a la entidad de cabecera del programa, la cooperativa Agintzari, y de ahí a cada una de la veintena de asociaciones impartidoras del apoyo”.

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ahondó en esta idea e insistió en la necesidad de “avanzar todos unidos, prestando especial atención al alumnado y a las familias que requieren una atención especial” para garantizar así “la equidad en el sistema educativo y la respuesta a la diversidad de todo el alumnado, con el fin de potenciar su desarrollo personal y social”. Por su parte, tal y como apuntó Juan Mari Aburto, “la discriminación tecnológica constituye una forma de pobreza y exclusión social, al privar a una parte de la ciudadanía de recursos esenciales para desarrollarse en igualdad de oportunidades. Debemos trabajar y esforzarnos por la igualdad y la equidad haciendo los esfuerzos necesarios para que nadie se quede atrás”.