La seguridad, clave del proyecto ley de transporte por cable
La norma presentada por Arriola prevé imponer multas de hasta 150.000 euros en caso de poner en riesgo a la ciudadanía
-El consejero vasco de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, presentó ayer en el Parlamento Vasco el proyecto de Ley de Transporte por Cable, que regula la proyección, construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones que permitan la movilidad por cable de personas en Euskadi, priorizando la seguridad en las instalaciones. Esta norma prevé multas de hasta 150.000 euros en caso de poner en riesgo a la ciudadanía.
El consejero recordó que este proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 8 de febrero, no estaba incluido de forma expresa en el Calendario Legislativo, pero Lakua ha considerado “oportuno y procedente” regular en forma de ley.
En este sentido, explicó que su régimen reglamentario, de carácter estatal, es preconstitucional, y subrayó la necesidad de adecuarlo a las directrices europeas, sobre todo en materia de seguridad. “Su marco jurídico resulta hoy insuficiente en gran medida debido a las innovaciones tecnológicas que el sistema de transporte por cable ha tenido en los últimos años, y que se han recogido en el Reglamento europeo de 9 de marzo de 2016”. Por ello, insistió en la necesidad de “disponer de una norma que regule la construcción y explotación de las instalaciones de transporte de personas por cable en Euskadi, al amparo de la atribución a la Comunidad Autónoma del País Vasco de la competencia exclusiva en materia de transportes por cable que discurran íntegramente en el territorio de Euskadi”.
Así, en cuanto al ámbito de aplicación, el texto detalla las instalaciones de transporte por cable que se rigen por la ley, tanto las actualmente existentes, como otras que en un futuro pudieran implantar, así como las instalaciones que se excluyen. Arriola concluyó señalando que se trata de una norma “muy específica” cuyo propósito es “ordenar el transporte por cable, actualizando el marco jurídico a la normativa en vigor y dotando a las administraciones públicas competentes de herramientas respecto de las instalaciones”.
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