- La tramitación de la reforma de la ley vasca que blinda el derecho de las personas transexuales y que, entre otros aspectos, reconoce la capacidad de los menores a ser escuchados y a participar en la toma de las decisiones médicas dentro de su proceso vital, dio ayer un paso histórico. El Parlamento Vasco dio luz verde al debate de esta ambiciosa ley presentada por PNV, PSE y Elkarrekin-Podemos para que las administraciones garanticen una atención integral a las personas de este colectivo que favorezca su tránsito hacia su identidad sentida y su derecho a ser reconocidas y tratadas en base a esa realidad. Además, lo hizo por una amplia mayoría de la que únicamente se descolgaron Vox y el PP, que se abstuvo.
Con la reforma, Euskadi cierra el camino abierto el año 2012 con la aprobación de la primera normativa contra la discriminación por razón de género y los derechos de las personas trans y que se complementó en 2019 con la despatologización de la transexualidad y el reconocimiento del derecho a decidir la propia identidad. El nuevo texto legal, tal y como recordó ayer la parlamentaria de PSE Gloria Sánchez, “no pretende reconocer nuevos derechos, sino garantizar los ya existentes”.
En este sentido, la proposición de ley supone un salto cualitativo para el colectivo en los ámbitos sanitario y educativo, donde se desarrollarán protocolos de no discriminación por razón de identidad sexual. Y en aquellos centros donde haya personas transexuales se garantizará la formación de toda la comunidad educativa. También destaca el compromiso de que Osakidetza cuente con al menos tres servicios de atención a la transexualidad, uno por territorio, dentro de la red de Atención Primaria y la consolidación por ley de una cartera de prestaciones sanitarias para asegurar el derecho de las personas transexuales a recibir una atención integral y adecuada.
Para los tratamientos de cambio de sexo será el menor el que otorgue el consentimiento si está emancipado o si es mayor de 16 años. Si no es capaz intelectual o emocionalmente de comprender el alcance de dichos tratamientos o es menor de 16 años, el consentimiento lo dará su representante legal después de escuchar la opinión del afectado. La negativa de progenitores o tutores a autorizar estos tratamientos podrá ser denunciada cuando conste que puede causar “grave peligro o sufrimiento” al menor y, en todo caso, se atenderá el criterio del interés superior del menor “frente a cualquier otro interés legítimo”.
Desde los grupos proponentes, Iñigo Iturrate (PNV) defendió que la reforma persigue que “la transexualidad pueda vivirse con naturalidad, sin miedos y en plena libertad”. Isabel González (Elkarrekin Podemos-IU) confió en que se contribuya a la “superación de estereotipos sociales e institucionales”. En la misma línea, la socialista Gloria Sánchez dijo que se da un “paso más para avanzar hacia una sociedad basada en la igualdad de trato”.
La parlamentaria de EH Bildu Ohiana Etxebarrieta dejó claro el compromiso de su grupo para que la ley se apruebe con consenso: “Ahora toca escuchar y avanzar con pasos firmes, aprovechando la oportunidad”. Laura Garrido (PP+Cs) justificó la abstención por el modo en el que se ha presentado la ley. Y la única que se mostró abiertamente en contra fue Amaia Martínez (Vox) quien aseguró que “se niega la realidad biológica y pretende difuminar los conceptos de hombre y mujer para sustituirlos por derechos ficticios”.
“La ley busca que la transexualidad se viva con naturalidad, sin miedos y en libertad”
Parlamentario del PNV
“Se niega la realidad biológica y se difumina el concepto hombre y mujer por derechos ficticios”
Parlamentaria de Vox
