- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, reclamó ayer que la digitalización de la Administración judicial “no coloque al margen del acceso a los servicios públicos esenciales a los colectivos más vulnerables”. Junto a la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal; y la Fiscal Superior de Euskadi, Carmen Adán, el presidente del TSJPV participó en Bilbao en una jornada sobre el Plan de Justicia Digital 2021-2026, elaborado por el Ejecutivo de Gasteiz.

Ante representantes de la Judicatura, la Fiscalía y la Abogacía vascas, Subijana señaló que la “necesaria” digitalización de la Justicia en cuanto a la gestión y tramitación de los procedimientos “no debe sustituir el espacio interpersonal”, algo “imprescindible”, dijo, en una administración judicial “al servicio de las personas”. Indicó que una Administración de Justicia tecnológicamente avanzada debe formar parte de un sistema de justicia que “fomente los espacios físicos que favorezcan el acceso, el acompañamiento y la comunicación”, por lo que pidió que el proceso de digitalización no margine en el acceso a este servicio público a los “colectivos más vulnerables”.

El presidente del Tribunal Superior vasco consideró que la pandemia ha puesto en evidencia la situación “deficitaria” en la que se encuentra actualmente la Administración de Justicia en cuanto a su digitalización, por lo que hace falta una “apuesta decidida” en esta materia, como la que se plasma en el plan vasco de Justicia Digital 2021-2026. La Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, destacó que la sociedad está dando “pasos de gigante” en la digitalización y que la Administración de Justicia “no puede quedarse atrás en ningún caso”, por lo que resulta necesaria una “adaptación” en esta materia y una “inmersión” en la misma por parte de todos los operadores judiciales. Consideró que el Plan de Justicia Digital 2021-2026 “posiblemente solucione parte del problema”, aunque agregó que cuestiones como la “ralentización” de asuntos no se resolverán “solo con el esfuerzo tecnológico”.

Adán remarcó que los sistemas tecnológicos “impactan en la ciudadanía y sus derechos” y su desarrollo debe ser “escrupuloso”, por lo que pidió atención en cuestiones como la gestión de datos y en “certificación y seguridad”, ante las que deben garantizarse “las mismas condiciones que con la presencia física”. La consejera Beatriz Artolazabal explicó que el plan, estructurado en nueve líneas de trabajo y 35 proyectos, pretende transformar y mejorar la gestión administrativa en los tribunales y agilizar las gestiones para la ciudadanía, además de prestar “especial atención a la eliminación de la brecha digital”. Remarcó el objetivo de que la Justicia “se apoye en lo digital para mejorar el servicio público”, y explicó que uno de los hitos del plan será la implantación del Expediente Judicial Electrónico, “ya conocido como el EJE”, que se prevé pueda estar operativo en 2023.

Artolazabal adelantó que para finales del primer semestre de este año su departamento espera disponer el Plan Estratégico de Justicia 2022-2026, en el que se enmarca el plan de digitalización. En la jornada participó también Begoña Basarrate, secretaria de Gobierno del TSJPV, quien subrayó que el plan supondrá “un antes y un después” en la Justicia.

“La digitalización no puede colocar al margen a los colectivos más vulnerables”

Presidente del TSJPV

“La Justicia debe apoyarse en lo digital para mejorar el servicio público”

Consejera de Justicia